Andalucía resuelve más de 2.600 expedientes ambientales y acelera tramitaciones desde 2022

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, se reunió este lunes en Sevilla con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. Este encuentro se enmarca dentro del balance legislativo y se centró en los avances logrados en sostenibilidad ambiental, modernización administrativa y seguridad jurídica.

Durante la reunión, García destacó que desde 2022, la Junta ha resuelto un total de 2.666 expedientes relacionados con instrumentos de prevención ambiental, como la autorización ambiental integrada y simplificada. Además, subrayó que se han logrado reducir significativamente los plazos medios de tramitación. Según sus declaraciones, la comparación entre los tiempos de resolución de 2023 y 2025 muestra una mejora media de 1,5 meses en todos los procedimientos ambientales.

Inversiones estratégicas en Andalucía

La consejera enfatizó que esta agilidad administrativa es particularmente relevante dado que los expedientes actualmente en tramitación están vinculados a una inversión global aproximada de 30.800 millones de euros. Estos proyectos abarcan diversos sectores productivos, incluyendo infraestructuras para el transporte y generación de energía eléctrica, así como iniciativas relacionadas con el hidrógeno verde y biogás.

García explicó que este volumen elevado de tramitación ha sido posible gracias a un esfuerzo continuo por reforzar los recursos humanos y técnicos en la Consejería. Se han incorporado más de 100 profesionales en las ocho provincias andaluzas para agilizar los procesos sin comprometer el rigor técnico ni los niveles de protección ambiental requeridos.

Principios rectores en sostenibilidad ambiental

En este contexto, la consejera delineó cuatro principios fundamentales que han guiado la política ambiental durante esta legislatura: la protección del medio ambiente, el respeto a la normativa estatal y europea, el mantenimiento de la seguridad jurídica y la agilización de las tramitaciones ambientales. El objetivo ha sido compatibilizar el desarrollo económico con la preservación del entorno natural.

Uno de los enfoques clave ha sido mejorar la tramitación de autorizaciones ambientales, consideradas cruciales para atraer inversiones a Andalucía. García afirmó que este avance se ha abordado desde múltiples frentes: reformas normativas, reorganización interna e innovación tecnológica.

Nuevos procedimientos y simplificaciones administrativas

En este ámbito, se introdujo la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS), alineada con las directrices estatales. Esto ha permitido que más del 50% de los expedientes anteriormente gestionados mediante Autorización Ambiental Unificada ahora sigan un proceso más ágil. Entre 2022 y 2025 se registraron 2.206 expedientes, mientras que se resolvieron 2.666, lo que indica una reducción significativa en los tiempos de tramitación.

Catalina García también mencionó que este nuevo procedimiento incluye proyectos vinculados al tejido productivo andaluz, tales como instalaciones fotovoltaicas y mejoras viales, permitiendo tiempos de respuesta más competitivos sin sacrificar las garantías ambientales.

Aproximación a una nueva Ley Ambiental

La reunión también abordó el estado del Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, actualmente en su fase final parlamentaria. García resaltó que esta norma busca equilibrar seguridad jurídica y simplificación administrativa, promoviendo colaboración público-privada y participación ciudadana.

El proceso para elaborar esta ley ha sido colaborativo e involucra a diversos actores sociales y económicos andaluces. La consejera recordó que forma parte del Pacto de Diálogo Social firmado en 2023 con sindicatos y empresarios. Desde su inicio, se ha fomentado un proceso participativo abierto en todas las provincias.

Estructura integral del nuevo marco legal

Según explicó García, el texto legal consta de 197 artículos, abarcando aspectos como gobernanza ambiental, control y régimen sancionador. Se busca establecer un marco legislativo coherente con las normativas estatal y europea.

Catalina García ejemplificó las mejoras en trámites citando específicamente los proyectos energéticos renovables. Durante 2022 y 2023 hubo un aumento notable en expedientes relacionados con plantas fotovoltaicas debido a políticas energéticas favorables. Desde 2020 se han gestionado 1.467 expedientes, destacando un cumplimiento casi total con hitos estatales necesarios para mantener permisos.

DIGITALIZACIÓN Y COLABORACIÓN EN NORMATIVAS AMBIENTALES

Aparte del avance normativo, otro aspecto destacado fue la digitalización progresiva en la gestión administrativa relacionada con autorizaciones ambientales. En 2019 no existían trámites telemáticos disponibles; para 2025 ya hay 16 procesos digitales, facilitando así una relación más fluida entre administración y promotores.

Catalina García agradeció explícitamente la colaboración con la CEA durante todo este proceso legislativo, lo cual ha permitido enriquecer las normativas adaptándolas mejor a las realidades económicas locales.

En el acto también participaron destacados representantes del ámbito empresarial y administrativo andaluz, quienes contribuyeron al diálogo sobre estas importantes cuestiones ambientales.

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