Andalucía implementa nueva Ley de Vivienda para aumentar la oferta de viviendas asequibles

La Ley de Vivienda de Andalucía ha comenzado a regir con un claro objetivo: aumentar la oferta de viviendas protegidas y asequibles. Esta iniciativa del Gobierno de Juanma Moreno se fundamenta en el incremento de la oferta de VPO, la rehabilitación, la disponibilidad de suelo, la reducción de burocracia en proyectos residenciales y el refuerzo de la seguridad jurídica para los propietarios, especialmente ante el creciente problema de la ocupación ilegal.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, subrayó que esta norma «nace del diálogo y busca mejorar la vida de los andaluces». Según Díaz, la ley refuerza toda la planificación realizada desde 2019 en materia habitacional, lo que ha permitido a Andalucía multiplicar por cuatro el número de viviendas protegidas en los últimos seis años. Esto ha posicionado a la comunidad como líder en el inicio de nuevas construcciones, tanto libres como protegidas, durante 2025.

Nuevas Medidas y Objetivos Claros

El propósito principal de la Ley de Vivienda de Andalucía es acelerar el aumento en la oferta de viviendas protegidas. Para ello, se implementarán medidas como la creación de las áreas prioritarias, donde se concentrarán recursos administrativos para facilitar ayudas al alquiler, incentivos para la compra y estímulos para nuevas construcciones o rehabilitaciones.

Además, se fomentará la colaboración público-privada, estableciendo una comisión que busque nuevas fórmulas para ampliar el parque residencial asequible. Esta colaboración incluirá iniciativas como el sistema de permuta de suelo por vivienda y el desarrollo urbanístico.

Sostenibilidad y Rehabilitación Habitacional

La ley también pone un fuerte énfasis en la rehabilitación de viviendas, promoviendo iniciativas que permitan reconstruir barriadas y eliminar condiciones de infravivienda bajo criterios sostenibles. Se prevén mejoras en calidad energética e hídrica, así como la creación de una Comisión Técnica dedicada a incentivar prácticas constructivas más eficientes.

A su vez, se establecerán mecanismos para garantizar el buen uso del parque residencial, combatiendo tanto la ocupación ilegal como la sobreocupación. En este contexto, se formará una Comisión Coordinadora enfocada en desahucios y ocupaciones ilegales, integrando representantes de diversas consejerías involucradas.

Mantenimiento y Adaptación Normativa

La nueva normativa incorpora varias medidas urgentes ya presentes en un Decreto-ley anterior, excluyendo aquellas temporales. Este Decreto-ley ha sido adoptado por más de 80 municipios andaluces que abarcan a cinco millones de ciudadanos, localizados principalmente donde hay mayor demanda habitacional. La ley también continuará trabajando en una bolsa destinada a suelos para vivienda protegida.

Con su implementación, Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma en promulgar una legislación completa tras dos años y medio desde que entró en vigor una normativa estatal. La consejera ha indicado que esta ley busca contrarrestar efectos adversos provocados por dicha normativa estatal, tales como el aumento desmesurado de precios y una caída significativa en las ofertas disponibles.

Aumento Presupuestario y Proyectos Futuro

Finalmente, esta ley contribuye a simplificar procesos administrativos al derogar cuatro leyes anteriores relacionadas con vivienda. Desde 2019, el Gobierno andaluz ha dado pasos significativos hacia reactivar la construcción habitacional accesible mediante planes ambiciosos como el Plan Vive, además del incremento presupuestario destinado a vivienda hasta alcanzar los 740 millones de euros.

A través de estas acciones estratégicas, Andalucía está sentando las bases para un futuro más accesible en términos habitacionales.

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