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La nueva normativa establece un registro de dueños de amarres

Los consells insulares podrán vetar la edificación de puertos deportivos

lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
Los consells insulares podrán vetar la construcción de nuevos puertos en las islas. Esta es la principal novedad del proyecto de Ley de Puertos, aprobado por el Gobierno balear. La nueva normativa crea la figura de las estaciones náuticas para promocionar la oferta de ocio y un registro de propietarios de amarres.
Carmen Arriola
Palma

El Gobierno balear sólo autorizará la construcción de nuevos puertos deportivos en el caso de que el proyecto haya recibido el informe favorable del consell de la isla en la que se vayan a ubicar las instalaciones. La nueva Ley de Puertos, cuyo último borrador acaba de presentar la consejera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, únicamente hace una excepción a esta regla: la dársena deportiva de Cala en Busquets, puesto que el proyecto ya está redactado y la obra saldrá a concurso en cuanto reciba el visto bueno de Medio Ambiente.

El proyecto de Ley, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, levanta la moratoria de puertos deportivos aprobada por el Gobierno anterior en noviembre de 2002. El texto establece la creación de un registro oficial de propietarios de amarre, otorga a las empresas concesionarias el derecho de tanteo frente a ofertas competidoras y regula la figura de las estaciones náuticas, ya ensayada en Menorca. Esta fórmula permite realizar una promoción turística conjunta de la oferta complementaria y de ocio existente en el puerto.

El nuevo texto supone, según Cabrer, “un reconocimiento a la insularidad” por parte del Gobierno, que ostenta la competencia exclusiva en materia de puertos, excepto los declarados de interés general, como son los de Palma, Alcudia, Mahón, Ibiza y La Savina de Formentera.

En el caso de los proyectos de ampliación, el informe del consell no será vinculante, pero si resulta desfavorable el Gobierno abrirá una vía de negociación con la administración insular afectada.

Actualmente, el Gobierno gestiona directamente 13 puertos y un total de 2.940 amarres, mientras que otros 28 puertos -que suponen 9.116 amarres- se gestionan a través de concesiones.

En cuanto a las concesiones, la nueva normativa protege a los concesionarios actuales, otorgándoles un derecho de tanteo para poder igualar la oferta de la propuesta ganadora del concurso y continuar con la concesión. Las concesiones tendrán una duración máxima de 30 años.
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