El sector cementero solicita el 26% de los derechos de emisión para poder sobrevivir

Pablo Sola.

Madrid

“El reparto de la emisión de gases contaminantes no se va a hacer a costa del empleo o de la producción energética”. De esta manera ha intentado tranquilizar la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a los representantes de los sectores eléctrico, petrolero, siderúrgico, azulejero, papelero, cementero y de las instalaciones de combustión de más de 20 megawatios afectadas por la directiva europea que regula la compraventa de derechos de emisión.

La ministra ha anunciado que el plazo para la presentación del Plan Nacional de Asignación de Emisiones se ha ampliado hasta el 1 de agosto, y que el borrador va a ser presentado “en breve” para su debate con los sectores industriales afectados.

Mercado de compraventa.- El sector cementero, pese a reconocer que le es imposible cumplir las restricciones de emisiones de gases, ha mostrado su disposición para colaborar. Así, entre sus principales objetivos está el de participar con el Gobierno para tratar de cumplir el Protocolo de Kioto, estableciendo un adecuado marco regulatorio.

Kioto pretende reducir, entre 2008 y 2012, las emisiones de efecto invernadero en un 5,2% respecto a 1990. Pero la UE se ha comprometido a un recorte superior: de un 8% en el conjunto de sus países, lo que hace que España no pueda aumentar más de un 15% sus emisiones. Sin embargo, en la actualidad la emisión de gases contaminantes a la atmósfera en España es un 36% superior a la de 1990 y en el caso de la industria cementera un 60% más.

Este acuerdo medioambiental permite, además, que las empresas, para poder lograr sus objetivos, acudan a un mercado internacional de emisiones donde intercambien esos derechos previamente asignados por sus gobiernos.

La idea es que las empresas inviertan en investigación para reducir las emisiones y, si eso les sale más barato que la compra de derechos, vendan los que tengan asignados a aquellas industrias que no puedan reducir sus niveles de contaminación a partir del 1 de enero de 2005, fecha en la que entrará en funcionamiento el mercado internacional de derechos.

La ministra de Medio Ambiente ha anunciado que cada tonelada de CO2 tendrá un precio de 10 euros, “no superior”, pero aún no hay una cifra oficial. En realidad, el precio fluctuará en función de la oferta y la demanda.

El sector cementero está preocupado por el reparto de derechos debido a que dado el proceso químico que llevan a cabo para producir este material de construcción y a pesar de los 100 millones de euros que anualmente invierten en mejorar la eficiencia productiva de sus plantas, las emisiones son inherentes al proceso productivo e imposibles de reducir.

En 2003, se consumieron en España 45,7 millones de toneladas de cemento, un 4% más que el año anterior, y las previsiones de la patronal cementera Oficemen es que en 2004 se consuman 46,7 millones de toneladas, cifra que se mantendrá, aunque con ligeras bajadas, hasta 2007, cuando la demanda de cemento irá descendiendo lentamente hasta los 44 millones anuales en 2010.

Un 26% de los derechos.- En definitiva, lo que los cementeros quieren decir es que para la producción prevista en el periodo 2005-2007 serán necesarios 87,8 millones de derechos de CO2, equivalentes a la misma cantidad de toneladas del gas nocivo emitido para la producción de 125,9 millones de toneladas de cemento. Esto significa que, si el tope máximo de emisiones del que va a disponer España es de 333 millones de toneladas de dióxido de carbono, el sector cementero está solicitando un 26% del total.

Aún tomando el precio anunciado por Medio Ambiente, los cálculos hacen inviable la compraventa de derechos para los cementeros, ya que por cada tonelada de cemento se generan 0,7 toneladas de CO2, lo que tendría una repercusión de siete euros por tonelada de cemento, que dejaría al producto en un precio medio de 67 euros por tonelada, un 11,6% más. Muy elevado según la patronal.

Y es que los responsables de Oficemen han calculado que, en caso de no lograr más que el 90% de los derechos que solicitan (87,8 millones), se dejarían de producir 12,59 millones de toneladas de cemento al año, lo que supondría cerrar entre tres y cuatro plantas y perder 700 puestos de trabajo directos y 1.500 indirectos.

A pesar de todo, el sector cementero se ha comprometido a reducir las emisiones de CO2 en un 3% entre 2005 y 2007 y otro 3% más entre 2007 y 2012, según ha dicho el director general de Oficemen, Rafael Fernández, con mejoras de la eficiencia energética. Aunque el director general de la patronal cementera destaca que el sector del cemento español está entre los tres primeros del mundo en eficiencia energética, junto con Corea del Sur y Japón.

2.000 grados.- El proceso de fabricación del cemento pasa por someter los materiales necesarios a temperaturas que superan los 2.000 grados centígrados de temperatura, enfriándolo después de manera brusca para conseguir el clínker. Estas temperaturas se alcanzan mediante la utilización de combustibles fósiles, como coque de petróleo o carbón. Entre las propuestas de Oficemen está la de utilizar combustibles alternativos, como residuos generados por la sociedad.

“Debido al problema de las vacas locas, en algunos países europeos obligaron a que las harinas cárnicas se quemasen en las plantas cementeras”, comentan fuentes de Oficemen. Igualmente podrían ser utilizados neumáticos, residuos plásticos, disolventes, pinturas, cenizas de altos hornos y lodos de depuradora.

Esta sustitución de los combustibles debería ser parcial, ya que no todos esos elementos tienen el mismo poder calorífico que los combustibles fósiles, pero habría que aumentar el porcentaje, ya que, “mientras nuestro país está a niveles de entre el 2% ó el 3% de uso de estos combustibles, un poco por encima de Grecia, la media europea está en el 13%, llegando incluso en algunos países a cifras que alcanzan el 30%, como Bélgica, el 34%, como Suiza, o el 72%, como es el caso de Holanda”, aseguran las mismas fuentes.

Si bien esto no disminuiría las emisiones de las cementeras, sí lograría una reducción a nivel global, al sustituir combustibles fósiles por materiales que, de otra forma, hubieran sido incinerados o fermentados en vertederos, con sus correspondientes emisiones.

Pero antes de saber siquiera los derechos que les corresponden, las cementeras se encuentran con más problemas. Así, Rafael Fernández muestra su desacuerdo con la postura de Iberdrola, que establece la internalización de costes del mercado de emisiones por parte de la industria eléctrica, ya que esto se traduciría en un incremento del precio de la electricidad. “Deben mantenerse las tarifas de electricidad industriales hasta 2012, incluyendo el coste de los derechos de CO2 que la industria eléctrica tenga que comprar, para evitar la deslocalización de la industria básica”, dice el director general de la patronal cementera.

La deslocalización tampoco sería una solución satisfactoria a nivel medioambiental, sino que elevaría incluso la emisión de dióxido de carbono global, por la contaminación añadida que supondría el transporte para traer el material fabricado a España.

Las 30 plantas cementeras que hay en España deberán adaptarse a los nuevos tiempos con ayuda del Gobierno, un cambio cuyo coste ha sido calculado en 40 millones por los expertos de Oficemen.