El precio de los pisos usados en Baleares sube más que en el resto de España

Carmen Arriola.

Palma de Mallorca

El fuerte incremento de precios registrados en Baleares en cuanto a vivienda usada se produjo de forma “muy precoz” en los primeros años y registró un “importante despegue” entre 2000 y 2001, manteniéndose posteriormente al mismo nivel que los aumentos experimentados a nivel nacional, según el presidente de Tinsa, Ildefonso Ortega.

Entre enero y marzo de este año, el precio medio creció un 19%, hasta los 1.624,70 euros por metro cuadrado construido, una cifra superior a la media nacional, de 1.389,10 euros, y que representa un incremento también mayor que en el conjunto del Estado español, del 16,94%.

Como datos positivos destaca que el crecimiento del coste de un piso de segunda mano en Palma (9%) es inferior al resto de media nacional de capitales de provincia (15,89%), aunque el del resto de la provincia (26%) es muy superior al registrado de media en el resto de España (17,92%).

La buena marcha del sector inmobiliario residencial también se ha dejado notar en el suelo rústico, según reflejan las cifras de cédulas de habitabilidad para viviendas otorgadas a lo largo del pasado año.

Construir en suelo rústico.- En Mallorca, concretamente, en 2003 se dio luz verde a casi medio millar de nuevas viviendas en suelo rústico, con 452 cédulas de primera ocupación concedidas. La cifra es ligeramente superior a la del año anterior, cuando se contabilizaron un total de 441, pero inferior a la de 2001, que registró 483 autorizaciones para la ocupación de casas de nueva planta en suelo rústico.

Pero, además de las construcciones legales, uno de los principales problemas de los terrenos rústicos para la Administración balear es el de las edificaciones ilegales y “coladero” de licencias que pasan como ampliaciones de supuestas viviendas que, en realidad, son construcciones agrícolas o ruinas.

Hace unos meses, los responsables del Consell de Mallorca calculaban que anualmente se podían estar registrando unas 200 viviendas ilegales, la mayoría de ellas a través de la ya referida transformación fraudulenta de ruinas o casitas de aperos en residencias.

También en esta línea, el consejero de Ordenación Territorial, Bartomeu Vicens, se ha dirigido al Colegio de Arquitectos para solicitar su máxima colaboración en el intento de evitar que se sigan colando ampliaciones irregulares.

El decano de este órgano colegial, Luis Corral, ha dejado clara su disposición a colaborar, pero en la medida de sus competencias. Y es que la disciplina urbanística está en manos de los ayuntamientos y, subsidiariamente, del Consell, por lo que el Colegio ha solicitado la creación de un organismo supramunicipal de disciplina.