Los edificios de Palma con más de 15 años deberán pasar una inspección técnica

Carmen Arriola
Palma de Mallorca

El Ayuntamiento de Palma prepara una ordenanza que obligará a los propietarios de todos los edificios de la ciudad con más de 15 años de antigüedad a someterlos a una inspección de seguridad y salubridad a partir de 2004, aunque se fijará un periodo transitorio para cumplir este precepto.
Así lo ha anunciado el teniente de alcalde de Urbanismo, Rodrigo de Santos, quien ha explicado que con esta “inspección técnica de edificios” se pretende velar por el cumplimiento de la Ley del Suelo, que establece que es obligación de los propietarios mantener en buenas condiciones los inmuebles, especialmente en cuanto a los elementos (fachadas y cubiertas) cuyo deterioro puede causar accidentes en la vía pública.
La normativa que elabora el Consistorio determina que las inspecciones deberán llevarse a cabo cada diez años, pero contempla periodos transitorios para realizar la revisión y, en caso de que existan, subsanar las deficiencias hasta obtener el certificado correspondiente. Este plazo será de dos años para los inmuebles construidos hace más de 100 años, de 3 años para los que tengan entre 50 años y un siglo de antigüedad, y de 4 años para los edificios de entre 15 y 50 años.
Para llevar a cabo las reparaciones que sean pertinentes, los propietarios pueden optar a las ayudas para la rehabilitación de edificios que concede el propio Consistorio.
Las inspecciones serán ejecutadas por arquitectos o aparejadores independientes que certificarán el estado de los edificios con la supervisión del Ayuntamiento y establecerán sus propias tarifas, aunque De Santos considera que el precio por este servicio no debería superar al que pagan los ciudadanos por un certificado de fin de obra.
El Consistorio actuará de oficio cuando los propietarios no cumplan con la obligación, por lo que la ordenanza incluirá un régimen sancionador.
Arquitectos, aparejadores y administradores de fincas coinciden en aplaudir esta nueva iniciativa municipal. No obstante, manifiestan su extrañeza por “la celeridad” en el anuncio de la misma.
Ninguno de ellos quiere aventurar el coste que supondrá para los propietarios el informe que sobre el estado del edificio deben hacer cada 10 años arquitectos o aparejadores, aunque el presidente de este último colectivo, Jaume Gibert, se ha aventurado a adelantar una cifra que oscilaría entre los 180 y los 300 euros “dependiendo del tipo de informe y de la finca a inspeccionar”, ha explicado Gibert.