Los partidos de la izquierda atacan el plan de venta de suelo del Ministerio de Defensa

Gema Fernández
Madrid

La temperatura en torno a los terrenos del Ministerio de Defensa sube día a día. Federico Trillo ha aportado muy poco al mercado inmobiliario de las intenciones de su Departamento de vender –Trillo habla de cesión– suelo militar para financiar la compra de armamento de última generación. Y el mercado, por tanto, tiene escasos detalles de cómo se va a llevar a cabo esa “desamortización” que pretende el Gobierno.
“Vergonzoso”, “escandaloso”, “injustificable” u “ofensivo” son sólo algunos de los apelativos que ha recibido este planteamiento del departamento que dirige Federico Trillo, que también ha sido calificado de “especulador”.
En todo caso, lo que dice la ley es claro. Claro que es una ley que en cada comunidad autónoma tiene sus lecturas. La de la Comunidad de Madrid dice que “al menos la mitad” del suelo debe dedicarse a la promoción de viviendas sociales. Y Trillo habla de un 60%. Desde ese punto de vista, cumple.

Precedentes.- El pasado 5 de septiembre el Gobierno aprobó un programa de modernización de las Fuerzas Armadas en el que se invertirán 4.170 millones de euros y que comprende la compra de 24 helicópteros de combate Tigre, cuatro submarinos S-80, un navío de proyección estratégica y 212 vehículos de combate Pizarro.
La idea del Ministerio de Defensa es financiar parte de esos gastos con la venta de terrenos y elementos del patrimonio militar que sean “prescindibles”.
La secretaria de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Ejecutiva socialista, Cristina Narbona, asegura que su partido apoya las mejoras de dotación del ejército, pero rechaza la enajenación de suelo como instrumento para financiarlas. Para los socialistas, la venta de suelo es la “peor de todas las opciones posibles” con que el Gobierno cuenta para costear el presupuesto de Defensa en armamento.
Según Narbona, “al vender mediante subasta enormes parcelas de terreno, como las que posee el ejército, se genera especulación”. Además, explica, “muchos de esos suelos no son urbanizables, por lo que se empuja a los ayuntamientos a que los recalifiquen”.
El también socialista y presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Bono, ha ido más allá en sus afirmaciones, calificando de “vergonzoso” y probablemente “ilícito” este asunto. En su opinión, el derecho a la vivienda está garantizado en la Constitución española y “es más digno de ser protegido que el derecho del Ministerio que dirige Trillo a comprar armamento”.
En la misma línea apunta el coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que habla del “escándalo de la Administración pública convertida en especuladora inmobiliaria”.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, José Luis Ibarreta, argumenta en favor de su Departamento que el objetivo es obtener dinero “procurando que en esas operaciones de venta se genere beneficio para la sociedad, ayuntamientos y comunidades, y también para Defensa”.
Así, el argumentario interno del Ejército especifica que en su modelo de enajenación de patrimonio inmobiliario excedentario “antes de acudir a una subasta se ofrece a los ayuntamientos y comunidades autónomas el patrimonio objeto de venta, renunciando desde este momento el Ministerio de Defensa a unos mayores ingresos derivados de la celebración de la subasta”, reza el documento.
Desde 1996, la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED) -organismo encargado de subastar y vender las propiedades sin interés militar- ha suscrito un total de 118 convenios con otras administraciones públicas “en los que se les ha entregado un numeroso patrimonio, tanto para equipamiento, como de suelo para la construcción de viviendas”, explica el citado documento interno.
También se puntualiza que las competencias en materia de desarrollo urbanístico corresponden a los ayuntamientos y las comunidades autónomas y están sujetas a los planes generales de ordenación urbana.

El sector se preocupa.- El mercado inmobiliario está muy pendiente del cambio de uso del suelo militar, un proceso no tanto legal como administrativo. Miguel Hernández, director del departamento de Urbanismo de Aguirre Newman, considera que habrá que esperar a tener más detalles para conocer esos efectos. En todo caso, no se muestra demasiado esperanzado con la posibilidad de que la promoción de viviendas sociales en la mayor parte de los terrenos de Defensa pueda tener una consecuencia a la baja en los precios de los pisos.
“Si un promotor que compra suelo tiene que dedicar al menos la mitad a viviendas sociales, en esa mitad no está consiguiendo rentabilizar su inversión, puesto que los precios de las viviendas de protección oficial son los que son y no pueden ser otros. Por tanto, la única forma que tiene de compensar lo que pierde es cargándolo en los precios de las casas de precio libre. Por lo que, desde este punto de vista, la medida no contribuirá a abaratar los precios”.
El otro handicap radica en la forma que aplique Defensa a la hora de enajenar sus activos inmobiliarios y, en concreto, el suelo. Otra cosa son los inmuebles, como cuarteles y hospitales, que podrán cambiar de uso, pero es muy difícil que puedan dedicarse a uso residencial.
“Si el método que aplica Defensa es la subasta o cualquier otro procedimiento, no creemos que se contribuya a abaratar el precio de la vivienda -dice Hernández-, porque si el proceso se limita a la venta al mejor postor, y dado que los lotes tendrán mucho tamaño, sólo los grandes promotores podrán pujar por ellos”, explica el director de Aguirre Newman Urbanismo.
A su juicio, la única solución posible sería que Defensa formara un consorcio con los gobiernos regionales y las corporaciones locales, “que fuera el encargado de gestionar la enajenación de los terrenos del Ministerio, no sólo desde el punto de vista del precio, sino atendiendo a otros criterios, como quién dedicará más terreno a viviendas sociales, quién venderá las viviendas de precio libre más baratas...”

Un proceso largo.- La idea de rentabilizar el patrimonio militar en desuso no es nueva. En los 80, el Ministerio de Defensa se embarcó en la difícil tarea de poner en venta el patrimonio inmobiliario desafectado de su uso militar. El dinero obtenido se reinvertiría en la compra de nuevos materiales y en la modernización de las instalaciones en uso.
La GIED, creada en 1984 por el Gobierno socialista de Felipe González, sería la encargada de esta labor. El mecanismo establecido para la enajenación de suelos militares sería el de subasta pública, tal y como figuraba en la Ley de Patrimonio del Estado del 84. Un argumento que, entonces, defendieron los socialistas y recurrieron los populares.
Ahora, el Partido Popular ha presentado en Las Cortes un nuevo proyecto de Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas “orientado a abaratar el suelo y, consecuentemente, la vivienda”, afirman. En este caso, el procedimiento habitual será el de concurso público.
La nueva normativa ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados con los votos a favor del PP y Coalición Canaria (CC), la abstención de CiU, y el rechazo de PSOE e IU, y remitida al Senado.
La GIED tendrá ahora, según el Gobierno, que adaptar sus procesos de enajenación al nuevo sistema. Sin embargo, la disposición adicional séptima de la nueva Ley de Patrimonio establece que “el régimen jurídico patrimonial de el organismo autónomo se regirá por su normativa especial, aplicándose supletoriamente la presente ley”. La misma consideración recibirán los procesos de enajenación de suelo, que también serán regulados por el propio Ministerio de Defensa y a manos de la GIED.
La Ley de Patrimonio prorroga, además, durante 15 años, la potestad de la GIED para gestionar las propiedades de las Fuerzas Armadas, después de que se hayan ido alargando los plazos sucesivamente.
La disposición incluida en la nueva legislación viene a cumplir uno de los objetivos planteados por la Revisión Estratégica de la Defensa en cuanto a la gestión de infraestructuras se refiere. En el documento, presentado el pasado febrero por Trillo, ya se reclamaba la colaboración de Hacienda para que se acortaran los trámites de enajenación.