La Comunidad presenta la sede del Consejo Arbitral para resolver conflictos entre inquilinos y propietarios

La presidenta regional estuvo acompañada por la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, y por Manuel Jiménez de Parga, presidente del Consejo Arbitral y ex presidente del Tribunal Constitucional.

Aguirre aprovechó la inauguración de la sede para firmar diversos convenios con las instituciones arbitrales competentes en la región: Colegio de Registradores, Colegio de Notarios, Abogados, Procuradores, así como las Instituciones Arbitrales Privadas, Arbitrajes de Bienes Inmuebles y Sociedad Española de Arbitraje. Con la puesta en marcha de esta institución, el Gobierno regional pretende que propietarios e inquilinos puedan resolver de un modo ágil, económico y eficaz sus posibles diferencias en relación con el arrendamiento. Resulta fundamental generar la seguridad jurídica suficiente entre las partes para promover un incremento de la oferta.

El objetivo de esta iniciativa, que forma parte del Plan Alquila, según explicó la presidenta es ofrecer garantías a los propietarios de viviendas que por temor o falta de confianza no sacan al mercado del alquiler sus pisos. De esta medida se beneficiarán también los inquilinos, ya que gracias al Consejo Arbitral se reducirán los costes de los litigios, tanto en tiempo como en dinero. Tanto los propietarios como los inquilinos recibirán asesoramiento gratuito antes, durante y después del procedimiento arbitral.

La fórmula del arbitraje es muy utilizada en países de nuestro entorno para solucionar conflictos. En España las resoluciones de las instituciones de arbitraje son de obligado cumplimiento por las partes, como las sentencias judiciales. Este sistema permite a los propietarios e inquilinos solucionar sus conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia ordinarios, lo que provoca la saturación de los juzgados. Sólo en Madrid se celebraron 3.965 juicios por problemas de arrendamientos en 2006, una cifra que se incrementó en 2007 (4.348) y en 2008 (4.783). Se prevé que el Consejo Arbitral reduzca un amplio porcentaje de estos litigios.

La presidenta explicó que “la seguridad jurídica es un factor que tiene incidencia directa en la actividad económica: cuando se reducen los riesgos, se reducen también los costes y, por lo tanto, los precios”.

El Consejo Arbitral, reconocido en el modelo de contrato que firman los propietarios e inquilinos, se une al seguro de impagos durante dos años, al seguro multirriesgos, al servicio de puesta en uso de la vivienda y a la asistencia jurídica gratuita que ofrece el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid.