
El as de Bermejo para modernizar Justicia
El ministro Mariano Fernández Bermejo ha decidido poner en manos de una compañera de profesión, Pilar Rodríguez, fiscal como él mismo, la Modernización del aparato de la Justicia. La nueva directora general es fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid. En cambio, el ministro ha sustituido a otro fiscal Alfredo Ramos, como director del Centro de Estudios Jurídicos, donde llevaba poco más de un año. Ramos ha vuelto al Tribunal Constitucional.
No son los únicos fiscales que se encuentran en comisión de servicios especiales en la carrera. Hay en la actualidad más de treinta que ocupan cargos políticos o administrativos, además de los que han solicitado la excedencia de forma voluntaria para ejercer libremente.
El caso más discutido de los que se marchan voluntariamente ha sido el del fiscal anticorrupción, Daniel Campos, que dejó la Fiscalía en febrero de 2006 y que tras un tiempo ejerciendo en un despacho privado ha vuelto a su carrera. El ministro ha tenido que salir a la palestra para indicar que Campos no se incorporará a Anticorrupción, sino que tendrá que pedir destino y que se le adjudicará el que se crea más conveniente.
En los últimos cinco años otros dos fiscales especiales pidieron y consiguieron la excedencia voluntaria: Juan Francisco Barallat (Antidroga), que se acaba de ir, y Carlos Sáiz (Anticorrupción), que se marchó en julio de 2005.
Otros fiscales especiales han dejado la unidad correspondiente durante un tiempo para ejercer sus funciones en el extranjero, como Pedro Pérez Enciso (Antidroga) que está de magistrado de enlace con la Justicia colombiana, David Martínez Madero (Delitos Económicos) que estuvo dos años en la Comisión Europea en Rumania, o Salvador Viada, que pasó primero por el Tribunal Internacional de para asuntos de Yugoslavia.
Muy significativas han sido también las "huidas" de fiscales en la Audiencia Nacional, un lugar donde tradicionalmente ha habido más "movidas" contra el poder. De ahí salió expulsada Dolores Márquez de Prado, que ganó su vuelta en los tribunales, y que luego tras pasar por el Tribunal Supremo, solicitó la excedencia voluntaria el pasado mes de noviembre para irse a trabajar al despacho de su marido, el ex juez Javier Gómez Liaño.
Enrique Molina, el "azote de ETA", puso su despacho profesional privado a finales del año pasado, Jesús Santos se ha ido a Italia como magistrado de enlace y Antonio García Jabaloy lleva dos años en la red de asesoramiento de los ciudadanos europeos, Eurojust.
El fiscal más importante en el Gobierno, detrás del propio ministro de Justicia y del Fiscal General del estado es Antonio Camacho, que ejercía de fiscal en Móstoles (Madrid) y que fue nombrado en abril de 2004 secretario de Estado de Seguridad por el entonces responsable de la cartera de Interior, José Antonio Alonso, y que ha seguido en el cargo con Rubalcaba.
Sólo un fiscal ha pedido excedencia para convertirse en político electo: el diputado regional de Murcia por el PP, Manuel Campos, que es fiscal del TSJ murciano y que fue en mayo de 2007 en la lista encabezada por el presidente de la región Ramón Luis Valcárcel.