Más de lo mismo

Llevábamos unos meses en los que no saltaba a las primeras páginas de las noticias e informativos ningún caso de corrupción urbanística, al menos de los considerados de gran calado y que generan una gran alarma entre la población.

El pasado martes se conoció la detención del alcalde de Estepona junto a otras 19 personas en una operación similar a la desarrollada inicialmente en la vecina Marbella y conocida como Operación Malaya. La corrupción urbanística en Estepona, al igual que en Marbella, era un secreto a voces desde que ocupaba el sillón del primer edil Jesús Gil Marín, hijo del fallecido ex alcalde de la localidad vecina.

Lo que choca todavía más es que el actual alcalde ahora detenido, Antonio Barrientos, llegó a la alcaldía por el PSOE con la promesa de regenerar el Ayuntamiento y desterrar la corrupción urbanística. Pero ya empezó mal porque, en su primera legislatura, pactó con los concejales que venían del GIL y que habían participado de la corrupción. En las pasadas elecciones municipales del año 2007 había vuelto a ganar el PSOE y Barrientos alcanzó la alcaldía con el apoyo del Partido Andalucista, Izquierda Unida y Estepona 2007 con los que formaba equipo de gobierno.

Pero lo que todavía llama más la atención es la pasividad de la Junta de Andalucía que, a pesar de conocerse la presunta corrupción que se realizaba desde el Ayuntamiento de Estepona y desde que existían denuncias desde hace más de cinco años, no tomó ninguna medida como la de retirar al municipio las competencias en materia urbanística.

El PSOE ya ha dicho que expulsará a los miembros de su partido implicados en la corrupción del Ayuntamiento, pero debería haberlo tenido en cuenta a la hora de realizar las listas de su candidatura municipal. Es un caso que presenta mucha similitud con el de Marbella y que debería impulsar a administraciones y partidos políticos para que no se volviera a repetir.