Las medidas para paliar los efectos de la crisis dejan insatisfechas a las empresas

La Administración ha echado mano de la cartera para intentar pasar la crisis. El Gobierno central aprobó en su primer Consejo de Ministros en plan de choque que invertirá 24.000 millones de euros en dos años para atajar la crisis. El frente prioritario es el sector inmobiliario, que amenaza con contagiar su debilidad a otras actividades. Las medidas propuestas no salen del guión que los empresarios esperaban y que, no obstante, no les acaba de convencer.

Desde la patronal de los promotores y constructores, el secretario general, Manuel Martí celebra la inquietud de la Administración para resolver los problemas de las empresas inmobiliarias, aunque reconoce que la mejor solución es un pacto de Estado entre la Administración y los agentes sociales, con vistas a abordar aspectos como la falta de suelo y la debilidad de la demanda. "Las mejores medidas surgen de un diálogo, no de la mesa de un despacho", afirma Martí.

El escepticismo es la tónica general en el sector. Fuentes del sector han calificado de bienintencionadas las propuestas del Gobierno central, "pero no dejan de ser pan para hoy y hambre para mañana".

Mariano Fuentes, portavoz del Colegio de Aparejadores y Arquitectos y Técnicos de Madrid, cree que los planes públicos se están orientando a sostener la actividad de la construcción, gracias al mercado de la vivienda social, pero dejan de lado a gran número de promotoras que operaban en el mercado libre.

El impulso de la vivienda protegida es una constante en las políticas que se están diseñando desde los diferentes ámbitos administrativos. No sólo el Ministerio, sino las comunidades autónomas también, han hecho de la vivienda social la estrella de sus actuaciones. El propósito de estas iniciativas es satisfacer una importante demanda que ha sido expulsada por el incremento de precios y tipos de interés, al tiempo que se mantiene la actividad de un sector intensivo en el uso de mano de obra.

Aunque todas las ideas para mejorar la salud del sector son buenas, la mayoría de los planes publicitados hasta ahora han sido acogidos con tibieza. Los promotores ven en muchos proyectos buenas intenciones pero escaso trabajo de base. Medidas como la creación de una vivienda público-privada, anunciadas por el presidente manchego, José María Barreda, despiertan tanto interés como escepticismo. "La única iniciativa que sabemos que se ha preparado con la ayuda de los promotores es el plan de la Generalitat catalana", explica Manuel Martí, de la Asociación de Promotores y Constructores de España.

A pesar de estos esfuerzos, las previsiones han venido siendo cada vez más pesimistas. Si hace un mes la patronal Asprima calculaba en 350.000 las viviendas que se iniciarán a lo largo de 2008 (desde las 700.000 del año pasado), Luis de Guindos, presidente de Lehman Brothers en España y antiguo secretario de Estado de Economía, cree que 200.000 será un número más realistas para este ejercicio.

La celebración de las elecciones generales jugó en contra del sector, ya que durante meses se postergó la toma de decisiones desde el Gobierno central. Las medidas de choque aprobadas ahora llegan en un momento en el que varias comunidades autónomas han anunciado políticas regionales para apoyar la actividad de la promoción.

A pesar de los esfuerzos públicos para sortear la ralentización económica, los promotores exigen que los poderes públicos vayan más allá e incidan en los factores de los que depende la salud del sector. "Es indudable que los precios se van a enfriar -afima Manuel Martí-. Por eso, lo que esperamos de la Administración es que fomente la reactivación con más incentivos para la compra de una vivienda. También necesitamos dinamizar la oferta y eso se hace con un sistema más ágil de producción de suelos".

Por parte de los arquitectos, la visión es similar: "Las medidas aprobadas hasta ahora son buenas, pero no deben esconder el hecho de que la mejor salida a la situación actual sería una gestión adecuada del suelo", comenta Mariano Fuentes desde la asociación madrileña.

Las palabras de los expertos devuelven la pelota al tejado del Ministerio de Vivienda. Una de las labores primordiales que encara Beatriz Corredor para esta legislatura es, de hecho, el desarrollo de la Ley de Suelo a través de un reglamento que matice ciertos puntos muy conflictivos, que han contribuido de manera apreciable en dificultar la situación de las empresas. Uno de estos puntos, quizá el más candente, es el de la valoración de las carteras de suelo de las promotoras, ya que con el procedimiento actual todas ellas han visto cómo su situación contable se devaluaba, a la hora de pedir financiación a la banca.