Todo el suelo gestionado por Sogepsa se destinará a la construcción de VPO

Sogepsa ha dado el visto bueno al documento íntegro, lo que implica que tanto el sector público como el privado deberán potenciar la edificación bajo algún régimen de protección.

Antes de la firma de este acuerdo, el 10% del suelo de las actuaciones de la sociedad pública se destinaba a la construcción de vivienda de promoción pública, un 40% era de protección autonómica y el 50% restante era para la ejecución de vivienda libre. Con la nueva normativa, todo el suelo que desarrolle Sogepsa estará destinado a la construcción de VPO.

Además, se creará la figura del régimen de vivienda protegida concertada, que se aplicará sobre el 50% del suelo de las operaciones de la entidad que hasta ahora se dedicaba a vivienda libre. Los inmuebles protegidos concertados tendrán un precio máximo de venta que dependerá del coste del suelo urbanizado sobre el que se promueva su edificación.

En el texto figura también el precio por metro cuadrado de vivienda protegida concertada, que oscilará entre un mínimo de 1.304,19 euros y un máximo de 1.382,33 euros.

El texto incluye, además de los planes que afectan a Sogepsa y a la vivienda protegida concertada, una serie de medidas urgentes y transitorias en materia de suelo y vivienda. En lo que respecta a los concursos de suelo, los que sean convocados directamente por la Administración regional o a través de entes como Vipasa, establecerán los lotes destinados en su integridad al desarrollo de promociones de las distintas tipologías de protección existentes. Se valorará especialmente el precio final de los pisos y los plazos previstos para el inicio de obras.

El texto recoge también una serie de iniciativas que favorezcan la salida al mercado del alquiler de las viviendas vacías de la región, ofreciendo garantías tanto al inquilino como al propietario.

En cuanto al control de la especulación y el sobreprecio, los primeros usuarios de las VPO no podrán contar con más de un piso con plaza de garaje y trastero y quedará prohibido que adquieran cualquier otro producto inmobiliario dentro del mismo edificio. Tampoco se podrá vender o donar el inmueble protegido antes de un plazo de cinco años tras la firma de la escritura correspondiente.

Esta línea de las ayudas públicas a la compra de inmuebles protegidos será complementaria a la que otorga el Ministerio de Fomento. En el caso de las subvenciones del Principado, serán de un promedio de 4.000 euros para ingresos familiares tres veces y medio por debajo del salario mínimo.

Otras medidas incluidas en el documento son la creación del Jurado de Expropiaciones del Principado y la elaboración de amplios acuerdos de suelo y vivienda con los ayuntamientos asturianos.