El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado que el Consejo de Ministros se prepara para aprobar un Real Decreto-Ley que introduce medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda y ofrecer mayor seguridad tanto a inquilinos como a propietarios. Esta iniciativa busca limitar la especulación en el mercado del alquiler y proteger a las familias de posibles abusos inmobiliarios.
Incentivos fiscales para estabilizar los precios
Entre las principales acciones contempladas en este RDL se encuentra un sistema de incentivos fiscales dirigido a propietarios, diseñado para frenar el aumento de precios en la renovación de contratos de alquiler. Cada año, cientos de miles de personas firman o renuevan sus arrendamientos en un entorno cada vez más competitivo. Para contrarrestar esta tendencia al alza y fomentar la estabilidad contractual, se ajustarán estos incentivos para favorecer la prórroga y firma de nuevos alquileres asequibles. El objetivo es ampliar la oferta en el mercado y proporcionar un entorno seguro para los proyectos vitales de jóvenes y familias.
Regulación de alquileres temporales
Además, el Gobierno planea regular los alquileres temporales con el fin de erradicar su uso fraudulento y especulativo, fenómeno que ha crecido notablemente en las grandes ciudades. En Madrid, la oferta ha triplicado su volumen desde 2023, mientras que en lugares como Barcelona, Cádiz o San Sebastián, los contratos temporales representan alrededor del 80% de los anuncios en portales inmobiliarios. Esta medida tiene como finalidad proteger a los inquilinos frente a contratos inestables que se renuevan anualmente, evitando así aumentos indiscriminados cuando exista una intención de residencia habitual. Asimismo, se implementará un control de precios sobre estos contratos en comunidades autónomas que hayan declarado zonas tensionadas.
Control sobre el alquiler por habitaciones
Otra acción destacada es la regulación del mercado del alquiler por habitaciones para prevenir la fragmentación ilegal de pisos con el propósito de evadir normativas sobre arrendamientos residenciales. Con esta medida, se extenderán las garantías aplicables a los alquileres habituales también a aquellos por habitaciones, limitando el precio total al correspondiente al contrato completo del inmueble. En zonas declaradas tensionadas, estos contratos estarán sujetos al control establecido por la Ley de vivienda.
Nueva Operación Campamento
Junto con estas iniciativas legislativas, el Ejecutivo ha dado inicio a las obras de la Operación Campamento en Madrid, un proyecto que se remonta a 1989 y que contempla la construcción de 10.700 viviendas públicas asequibles protegidas contra la especulación. Este esfuerzo cuenta con el respaldo de Casa 47, nueva Entidad Estatal de Vivienda.
Con estas medidas —que deberán ser ratificadas por el Congreso— el Gobierno avanza hacia su meta de ampliar la oferta habitacional y mejorar la regulación del mercado inmobiliario, reforzando así la protección tanto para inquilinos como para propietarios. Se trata de un paso significativo ante el desafío global del acceso a una vivienda digna y asequible.
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