La Agencia Tributaria va a chequear las ganancias afloradas en las transacciones de inmuebles
Hacienda investiga el dinero negro en la venta de pisos y saca "tajada" del boom inmobiliario
Gema Fernández/Madrid/Negocio Imobiliario
lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
Los fraudes fiscales están a la orden del día en el mercado inmobiliario y el Ministerio de Hacienda ha decidido tomar cartas en el asunto. Un asunto al que, por otra parte, la cartera que dirige Cristóbal Montoro puede sacarle una suculenta tajada, no sólo procedente de actividades fraudulentas, sino de algunos cambios normativos que afectan a más de un español sin interés alguno por defraudar a Hacienda. Desde hace unos años la Agencia Tributaria está centrando gran parte de su actividad inspectora para descubrir el dinero negro que se maneja en las transacciones inmobiliarias.
El fraude fiscal siempre ha estado en la lista negra de la Agencia Tributaria. La adquisición de vehículos y embarcaciones de lujo con dinero negro restando parte de los impuestos a pagar siempre ha estado en el punto de mira de los inspectores de Hacienda, pero este año será la vivienda el principal foco de atención y esfuerzos de los "agentes antifraude".
Las fuertes subidas de los precios de la vivienda han abierto una importante vía al fraude fiscal, existente desde hace años, pero más generalizado, si cabe, desde que el ritmo de crecimiento de los precios de los inmuebles supera el 15% anual.
Esta fuerte revalorización de los pisos, que suma ya encarecimientos del 40% en el último trienio, se ha convertido en un importante reclamo para el dinero negro que no ha dudado en blanquearse a través de la compra de una vivienda -y que "haberlo haylo", a pesar de lo que muchos expertos inmobiliarios opinan-.
Fraudes más comunes.- La práctica más generalizada en los últimos años consiste en escriturar el valor de un piso por debajo del precio que efectivamente se ha pagado por él. En la mayoría de los casos, el dinero restante que no aparece escriturado se paga en negro. Además, con esta técnica el comprador consigue evitar dos de los principales impuestos por los que tributa la vivienda: el IVA, en el caso de que se trate de una casa nueva, y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en las de segunda mano. En ambos casos el tipo general a pagar se sitúa en el 7% del valor total del inmueble. Es decir, que si el piso se vende en 200.000 euros, la factura fiscal a pagar a Hacienda ascendería a 14.000 euros.
El vendedor, por su parte, también debe tributar al Fisco por las plusvalías generadas en la venta, es decir, la diferencia generada entre el precio al que en su día compró el piso y el precio por el que lo vende en ese momento. En este caso, el gravamen asciende al 45% en el caso de los particulares, que tributan a través del IRPF; y llega al 35% en el caso de las empresas por el Impuesto sobre Sociedades. Es por ello que, cuanto menor sea el precio oficial al que se vende, menos impuestos tendrá que abonar a Hacienda por los beneficios obtenidos.
Antecedentes.- El organismo que dirige Salvador Ruiz Gallud ha incluido ya en dos ocasiones al mercado inmobiliario en su punto de mira. El plan de lucha contra el dinero negro aflorado por la llegada del euro, iniciado a finales de 2001 y que aún sigue abierto, se centró en las viviendas de lujo. La inspección tributaria se lanzó en ese momento contra el pago de pisos de alto standing por medio del abono en pesetas no declaradas y que, como consecuencia de la desaparición de la moneda nacional tuvieron que convertir en bienes con el fin de eludir al Fisco.
La segunda de las últimas grandes revisiones fiscales que ha soportado el sector inmobiliario se centró en las segundas residencias, y se llevó a cabo el pasado verano.Coincidiendo con estos planes de control de Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción se unió al seguimiento del fraude y anunció, a la vuelta de las vacaciones veraniegas de 2002, el inicio de una investigación contra "algunas" promotoras y constructoras sospechosas de blanqueo de capitales. La Fiscalía aclaró entonces que se trataba de operaciones relevantes en las que se habían descubierto movimientos de dinero hacia paraísos fiscales.
Ahora la Agencia Tributaria vuelve a la carga en su lucha contra el fraude fiscal inmobiliario, para lo que centrará sus esfuerzos en las "transmisiones patrimoniales de inmuebles en los que pueda materializarse un incremento patrimonial". Así, Hacienda señala que pondrá especial atención a las ventas "en las que el tiempo transcurrido desde la anterior transmisión no supere los diez años".
Las inspecciones se basarán en el rastreo de los pagos realizados por los compradores desde cuentas bancarias o a través de cheques o tarjetas de crédito, información que todas las entidades financieras tienen obligación de remitir al Banco de España y a la que pueden acceder los equipos de Hacienda.
Estas investigaciones permitirán, además, detectar otro tipo de fraudes, como los cometidos en la compra-venta de viviendas de protección oficial (VPO), donde el pago con dinero negro está a la orden del día, y donde, en muchos casos, se pide más precio del que permite la ley. Y es que estos pisos de carácter social sólo se pueden poner a la venta tras quince años y, además, a los precios fijados de forma oficial. Los gobiernos regionales han detectado que estos precios suelen rebasarse hasta alcanzar los de mercado a través de pagos no declarados.
La contrapartida.- Pero las inspecciones masivas para controlar las ventas de pisos tienen también otra vertiente, que consiste en reducir las desgravaciones fiscales que se hacen los contribuyentes "incorrectamente".
En el año 1998, el Gobierno impuso una nueva norma para desgravar las inversiones en vivienda. Los compradores de una casa tenían que solicitar una hipoteca por más del 50% del valor de la casa para poder desgravarse un 20% del capital más los intereses pagados durante el año. En caso contrario -que la hipoteca no superase el 50%-, la desgravación fiscal sólo sería del 15%.
Muchos de los contribuyentes que se habían comprado un piso antes de esa fecha y lo habían hipotecado en menos de la mitad de su valor seguían desgravándose el 20% que le permitía la anterior normativa; y ahora se están viendo obligados a devolver parte del dinero descontado.
Este tipo de inspecciones han descubierto, además, otras incorrecciones que, en muchos casos, no son imputables a los contribuyentes. Es el caso de las hipotecas mal redactadas por las entidades financieras. Este otro tipo de "faltas" más leves, también ayudan a seguir engordando las arcas de Hacienda.