Alfonso Vázquez Fraile
Gema Fernández/Negocio Inmobiliario
lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h

En los años sesenta se creó en España la Unión de Cooperativas de Vivienda, que agrupaba a 54 cooperativas. En 1998, este organismo adaptó sus estatutos, convirtiéndose en la actual Confederación de Cooperativas de Viviendas (Concovi), con más de 3.120 asociados. Desde sus comienzos hace cuatro décadas hasta ahora, Alfonso Vázquez Fraile siempre ha estado al frente de esta agrupación representando los intereses de las cooperativas de viviendas en España. Una labor que acaba de premiarse con la medalla al trabajo.
- En su opinión, ¿a qué problemas se enfrenta actualmente la vivienda en España?
- El principal problema de que adolece la vivienda en nuestro país es la falta de suelo urbanizado, lo que hace imposible la construcción de pisos protegidos. Actualmente, el coste del suelo repercute entre un 60% y un 70% en el precio final de una vivienda, lo que no hace rentable la construcción de VPO, y ha hecho encarecer hasta límites insospechados el coste de la vivienda libre.
En el caso concreto de las cooperativas, nuestro problema es poder cumplir los precios que acordamos con los socios cooperativistas, y resulta difícil en un mercado tan revolucionado y tensionado como el actual.
Sin embargo, y a pesar de los altos precios, se están construyendo más casas que nunca; eso sí, en detrimento de las viviendas protegidas. De las cerca de 500.000 nuevas unidades residenciales que se han construido de media en los últimos años, sólo el 8% (unas 38.000) han sido de protección.
- De estas cifras que me ha dado, ¿cuántas viviendas fueron construidas el año pasado a través de cooperativas?
- En estos momentos debe haber en todo el territorio nacional cerca de 1.400.000 viviendas promovidas por cooperativas. Habitualmente venimos concluyendo los ejercicios a una media de 40.000 ó 50.000 nuevas unidades anuales, aunque el año pasado la cifra descendió hasta las 20.000 viviendas, la más baja desde hace mucho tiempo. Centrándonos en la promoción de viviendas protegidas, ésta ha pasado a representar tan sólo el 20% del total que gestionamos.
- ¿Y cuáles son las previsiones para este ejercicio de 2003?
- Creemos que este año la promoción residencial a través de cooperativas se va a animar bastante, puesto que se va a dar un nuevo impulso a los proyectos de actuación urbanística (PAUs) de Madrid, y, además, se han firmado numerosos consorcios urbanísticos tanto en la Comunidad de Madrid como en otras regiones. En Zaragoza, País Vasco y en Cataluña, a través del Incasol, se está dando un gran impulso a la promoción residencial a través de cooperativas, así como a las viviendas protegidas en general.
- A su juicio, ¿qué posibles soluciones existen para el problema de la escasez de viviendas protegidas y la dificultad de acceso a un hogar que tienen muchos colectivos, principalmente los jóvenes?
- La falta de viviendas protegidas afecta directamente a cerca de un 70% de la población española que demanda un hogar y no puede acceder a él a los actuales precios. En su mayoría se trata de jóvenes, por lo que el problema ha empezado a repercutir en la natalidad, que cada vez es más escasa. Pero también existen muchas familias numerosas que no tienen una casa adecuada, y el número de inmigrantes sin piso está aumentando a mucha velocidad.
Es por ello que los promotores de viviendas y las asociaciones de cooperativas pedimos al Gobierno que los precios de las VPO se eleven para que se adapten a la realidad. Esto permitiría la construcción de este tipo de pisos, porque ahora el coste real de una promoción protegida está muy por encima de lo estipulado por el Ejecutivo.
- ¿Qué opina del Plan de Vivienda 2002-2005 elaborado por el Ministerio de Fomento? ¿Cree que podría solucionar estos problemas?
- La realidad es que no se trata de un plan propiamente dicho, sino de una serie de medidas financieras encaminadas a la adquisición de una vivienda, pero no tiene en cuenta el problema del suelo ni ningún tema sobre fiscalidad. Por ello considero que no contribuye a que exista una mejor política en materia de vivienda. Si hubiese suelo urbanizado, cosa que ya hemos dicho que escasea, el plan sería perfecto, no habría problemas y el proyecto del Gobierno sería muy eficaz.
Lo mismo podría decirse de los planes complementarios que están elaborando las diferentes comunidades autónomas. Su eficacia no es real hasta que no se creen nuevas bolsas de suelo urbanizado.
- ¿Qué añadiría o quitaría a este plan estatal para que se adecuase a la realidad?
- Desde la Confederación de Cooperativas de Viviendas pedimos que la Ley del Suelo derivada de la Convención Sectorial organizada por el Ministerio de Fomento con las comunidades autónomas y ayuntamientos evite la especulación de suelo, suprima las subastas -que encarecen aún más si cabe el precio del suelo- y las sustituya por concursos públicos a precios contenidos; así como que sirva para agilizar los trámites administrativos a la hora de solicitar licencias de obra.
Creemos que es necesario que se revise la fiscalidad aplicada a las viviendas protegidas para que el IVA se sitúe en el 4%, y que se revisen otros aspectos que encarecen su precio, como el IRPF, el impuesto de actos jurídicos...
- Actualmente, ¿qué comunidades autónomas encabezan la lista de mayores productores de VPO?
- La mayoría de las comunidades autónomas están empezando a sensibilizarse con este problema social, aunque habría que destacar como principales promotoras de este tipo de viviendas a Canarias, la Comunidad Valenciana (gracias a una Ley del Suelo regional muy eficaz), Castilla-La Mancha y Cataluña. Con normativas propias podemos hablar del País Vasco y Navarra, que tampoco lo están haciendo mal.
- Madrid es una de las principales demandantes de vivienda protegida, pero no se encuentra en la lista de las mayores promotoras de VPO. ¿Se está haciendo algo en este sentido?
- Actualmente existe una "mesa por la vivienda" en la que trabajamos las asociaciones gestoras de cooperativas y vecinales, los promotores, sindicatos, el Ayuntamiento de Madrid y otros agentes inmobiliarios. Los primeros pasos fueron duros e inseguros, porque no nos poníamos de acuerdo sobre los problemas de la vivienda y la política municipal en esta materia, pero ahora, aunque lentamente, empezamos a desarrollar nuestras labores de una forma institucional. Esperamos que, una vez pasen las elecciones municipales de mayo, la mesa adquiera una mayor importancia.
- ¿Qué líneas de actuación se ha marcado esta mesa por la vivienda?
- Uno de nuestros principales cometidos consiste en buscar medidas que puedan adoptarse para solucionar el problema de la escasez de suelo urbanizado a precios asequibles. También estamos teniendo muy en cuenta el tema de la fiscalidad y la agilización de los trámites administrativos a la hora de conceder licencias de obra. Nos planteamos, además, la aplicación de las nuevas tecnologías a la vivienda, así como el estudio de nuevos tipos residenciales adaptados a las necesidades de sus futuros ocupantes.
- Si comparásemos la situación de la vivienda protegida en España con la realidad de otros países europeos, ¿en qué posición quedaríamos?
- Vamos a la cola de la producción de VPO en Europa, a excepción de Grecia, que aún está por debajo nuestro. Hay que tener en cuenta que Alemania está apostando fuerte por la vivienda protegida como forma de solucionar el problema de la zona oriental, menos desarrollada económicamente. Francia, por su parte, está construyendo una importante cantidad de pisos sociales en régimen de alquiler.
- ¿Y no podría ser el alquiler una solución también para nuestro país?
- Quizá para los jóvenes. Pero nos encontramos con dos handicaps: por un lado la tantas veces mencionada cultura de la propiedad de los españoles -actualmente, en España sólo el 10%-11% del parque de viviendas se comercializa en régimen de alquiler frente al 54% de la media de los países de la Unión Europea-; y, por otro, el alto precio de los arrendamientos, cuyas mensualidades resultan más caras que la propia amortización de un crédito hipotecario a la compra de una vivienda.
Para que realmente el alquiler solucionase, al menos en parte, el problema de la VPO en España sería necesario reformar la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, así como la fiscalidad de este tipo de viviendas.
Creemos que la situación va a cambiar en un futuro no muy lejano, porque el fomento del alquiler serviría para atender a los colectivos de inmigrantes y jóvenes que demandan una vivienda. De momento, el Gobierno ya ha dictaminado unas ayudas al alquiler muy correctas y creemos que va a seguir por este camino.
- Como presidente de Concovi, ¿qué opina de los casos de fraude protagonizados por algunas cooperativas?
- En los últimos años, y debido al boom inmobiliario, se está dando un feroz intrusismo y falta de profesionalidad en el sector, que en el caso de las cooperativas se traduce en gente que no cumple con el sistema. Por eso hemos editado una guía para el socio cooperativista, para que conozca sus derechos y deberes.
Además, los órganos federativos siguen y controlan de cerca a las cooperativas asociadas para evitar fraudes. De momento ya se han abierto varios expedientes informativos que derivarán en una inspección de trabajo y en sus correspondientes sanciones si no cumplen con lo establecido.