El horizonte penal de los Albertos puede tener consecuencias en la fusión de Dragados y ACS

El artículo 20 de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas impide que personas condenadas en firme se sienten en los consejos de empresas que contratan con la Administración. Por esta razón, Alberto Cortina y su primo, Alberto Alcocer, han tenido que dimitir de los consejos de las constructoras ACS y Dragados, de la papelera Ence y de Indra. En todas ellas se sentaban en representación del Banco Zaragozano, que tenía participaciones destacadas.
Sin embargo, no es este aspecto el único que puede trabar la normal marcha de la fusión de ACS y Dragados. A título particular, los Albertos controlan el 7% de la constructora que preside Florentino Pérez (más otro 12% a través del Zaragozano y otros). Ese paquete accionarial tiene un valor de mercado de 140 millones de euros, que es la mitad de la indemnización que deberán pagar a los socios minoritarios de Urbanor por el delito de estafa al que les ha condenado el Supremo.
Según la firma de valores Ibersecurities, Alcocer y Cortina podrían deshacerse de esa participación o, al menos, de parte, para hacer frente al pago millonario que tendrán que hacer por el caso Urbanor, básicamente a Construcciones San Martín y al empresario Santieri. El Supremo ha fijado la compensación en 24,55 millones, más los intereses generados desde 1987, cuando se produce la estafa en la venta de los solares de Urbanor a KIO para construir sus torres en la plaza de Castilla. Eso, según Ibersecurities, podría elevar la cuantía a 70 millones de euros, la mitad del valor de mercado de la participación en ACS.
Claro que los Albertos también controlan el 40% del Banco Zaragozano y podrían vender un porcentaje suficiente para hacer frente a la indemnización. Pero esta venta sería más compleja y menos inmediata, porque los aspirantes al banco de los Albertos –principalmente Barclays– quieren hacerse con la totalidad de esa participación, pero, a la vez, su control les obligaría a lanzar una OPA, lo que encarecería en exceso la operación.
Además, Alberto Alcocer y Alberto Cortina están demostrando con los últimos movimientos que quieren seguir controlando el Zaragozano, aun desde su ausencia. Por eso, tras su renuncia obligada a la copresidencia han dejado correr el escalafón y han aupado a la presidencia a su hombre de confianza, Felipe Echevarría. Y no sólo eso, uno de los dos nuevos consejeros es Ramón Blanco Balín, vicepresidente ejecutivo de Repsol YPF y hombre de la absoluta confianza de Alfonso Cortina, presidente de la petrolera.
El horizonte penal de Alcocer y Cortina determina, sin duda, el proceso. Florentino Pérez sabe que ha perdido a dos socios y aliados. Pero también sabe que, aunque vendan su 7% en ACS, los Albertos siguen siendo pieza clave en el entramado del grupo constructor porque siguen controlando otro 5,1% de ACS a través del Banco Zaragozano. A la vez, sabe que el equilibrio de poderes en el consejo de ACS se ha roto, y eso puede beneficiar a los hermanos March, los otros aliados tradicionales de Florentino.
Mientras, Alcocer y Cortina agotan los últimos cartuchos para que su paso por prisión sea puramente testimonial; una foto que marcará sus vidas como ha marcado la de Mario Conde o Javier de la Rosa. Su abogado, Gonzalo Rodríguez Mourullo, ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional y ya ha comenzado a tramitar la petición de indulto.
Es posible que el Alto Tribunal decida suspender la ejecución de la condena impuesta por el Supremo hasta que resuelva sobre el recurso de amparo. Esto suele ser así cuando la pena es inferior a cinco años de prisión, y en el caso de los Albertos es de tres años y cuatro meses. Además, es muy posible que Alcocer y Cortina obtengan el tercer grado casi de inmediato. Pero la verdadera condena para los Albertos no son los tres años y cuatro meses de prisión; es la otra, la que condena para siempre a dos iconos del mundo empresarial español.