El PGOU de Culleredo, pendiente de la ampliación del aeropuerto de Alvedro

El ex consejero de Política Territorial, Xosé Cuiña, ya lo advirtió hace unos meses: "no se dará el visto bueno" al nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Culleredo "si en el mismo no se refleja de manera clara y debidamente la ampliación del aeropuerto de Alvedro acordada por el Ministerio de Fomento". Cinco meses después de esta advertencia, el municipio coruñés continúa sin conocer si su PGOU será aprobado por la Xunta.
En el comunicado enviado por Cuiña se explicaba que "la actuación que se va a realizar excede el mero ámbito de los intereses del Ayuntamiento de Culleredo, puesto que afecta a los intereses supralocales de toda Galicia, e incluso a los del conjunto del Estado", y añade que "deben prevalecer los intereses supralocales".
Además, en la nota emitida por la Consejería de Política Territorial se aclara que "para efectuar las obras previstas, la Consejería, de ser necesario, lo hará mediante la tramitación de un proyecto sectorial que aprobará el Consejo de la Xunta.
El alcalde de Culleredo, Julio Sacristán, por su parte, no concede especial relevancia a las palabras y escritos enviados desde Política Territorial ya que, según se señala desde el Consistorio, el documento urbanístico del municipio ya recoge este proyecto.
Desde que se llevaron a cabo las advertencias, nada se sabe de la aprobación o no del PGOU, un documento que se encuentra a la espera del informe que efectúen los técnicos de este departamento y que si recibe el visto bueno deberá ser llevado a pleno para su aprobación definitiva.
La ampliación del aeropuerto coruñés es una vieja aspiración de una parte de la población que reside en A Coruña y en su área metropolitana, que sueñan con que Alvedro se convierta en un aeródromo internacional. Sin embargo, vecinos y responsables políticos del municipio donde de ubica se niegan a que el proyecto aprobado por el Ministerio de Fomento se convierta en realidad.
Los argumentos de las dos partes enfrentadas son sólidos y contundentes. Por una parte, el Ayuntamiento de A Coruña apuesta por una ampliación del aeropuerto que considera esencial para garantizar su crecimiento y para una mejor cobertura del tráfico aéreo. Por otra parte, se encuentran las razones de los vecinos, que ven cómo las obras afectarán directamente a 160 viviendas que deberán ser expropiadas para ampliar, tanto la terminal coruñesa como la pista de aterrizaje en 500 metros, lo que supondrá en la práctica la desaparición de los núcleos urbanos de Tarrío y A Ermida.
Así, el Ayuntamiento interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional para que dictamine sobre la ilegalidad del Plan Director, aprobado por el Ministerio que dirige Francisco Alvarez-Cascos en septiembre de 2001.
En el recurso presentado se esgrimían diferentes argumentos. Uno de los más destacados es el hecho de que los técnicos de Fomento hayan reubicado al aeropuerto coruñés a 300 metros de su situación real, lo que supondría que la pista de Alvedro estaría construida sobre el actual pueblo que da nombre a la instalación aeroportuaria. Los datos erróneos no fueron corregidos, a pesar que desde el Ayuntamiento se dio notificación a Fomento sobre los mismos.
Otra de las anomalías que se apreciaron en el Plan Director es la falta de adaptación a la normativa de la Ley del Suelo de Galicia y que es imprescindible para cualquier actuación que se efectúe dentro de la comunidad autónoma
Además, en el escrito remitido por el Gobierno local de este municipio se esgrime que en el Plan Director no se ha introducido un programa económico en el que se especifiquen las cantidades que serán necesarias para llevar a cabo las expropiaciones que se tendrán que acometer.
Ante esta situación, el Gobierno local no se ha quedado quieto y ha puesto sobre la mesa una propuesta para solucionar el problema de la ampliación de Alvedro para que se modifique el trazado de la nueva pista. Así, desde el Consistorio se propone una reorientación mínima de la pista, que evitaría el 80% de las expropiaciones previstas. Según los datos que maneja el Ayuntamiento, en total el número de personas afectadas se situaría en 400 y el número de viviendas que se derribarían sería 160.
La superficie edificada es de 180.000 metros cuadrados y las vías de comunicación ocupan 100.000 metros cuadrados. Con estos datos, el montante económico que tendría que desembolsar el Estado rondaría los 100 millones de euros.