El precio de la vivienda en la etapa democrática

Se diría que desde el final del franquismo, coincidiendo con la reducción drástica del arrendamiento como fórmula de acceso y la irrupción de la "cultura de la propiedad". Y por ello, es casi simultáneo con los inicios de la democracia, años 77 y 78. El precio medio del metro cuadrado ha pasado de 52.800 pesetas en 1987, a 198.800, en 2002, es decir, se ha multiplicado casi por cuatro. El coste del suelo, sin embargo, ha descendido, ya que de un acumulado de 225% entre 1987 y 1998, ha pasado a un 120% entre 1996 y 2002.
Además, cada vez se distancian más el mercado de la vivienda libre, con crecimientos anuales en los últimos años del orden del 15% acumulativo, y el de la VPO, con incrementos del 2-3%.
El problema de fondo es el precio del suelo, cuya incidencia en el de la vivienda, no es menor del 40%. Este problema es el que ha de abordarse desde una política coordinada de las administraciones, estatal, autonómica y municipal. De ahí la enorme trascendencia de un acuerdo nacional sobre suelo.
Dadas las competencias estatales limitadas en materia de suelo y vivienda, el problema se traslada a las comunidades autónomas y ayuntamientos, que deben agilizar el tiempo desde que se produce una iniciativa urbanística sobre un suelo no urbanizable, hasta que se logra su urbanización.
Dada la evolución de los precios y la difusión de la cultura de la "propiedad", es preciso superar la asignatura pendiente de todos los gobiernos democráticos de recuperar y dinamizar el alquiler como fórmula de acceso alternativo, ya que las que están en este régimen, apenas representan el 10% del conjunto del parque total. Ello debe lograrse entre otras vías, mediante un tratamiento normativo y mayor agilidad y eficacia de la administración de justicia.
Confiamos en que, tras el acuerdo sobre suelo, se produzca una contención de este componente fundamental, que contrarreste los factores que han incidido en el disparo de los precios: la reducción de la tasa de paro, los bajos tipos de interés hipotecarios, el favorable tratamiento de la compra de vivienda en el IRPF y, finalmente, las perspectivas más favorables de las inversiones inmobiliarias, respecto a otros activos financieros.