Rivero aventaja a Sanahuja en la recta final de la batalla por Metrovacesa

El último capítulo en la batalla por el control de Metrovacesa se escribe desde Holanda. El fondo de pensiones PGGM, perteneciente a trabajadores sociales y empleados del sector sanitario holandés, redujó su participación en la primera inmobiliaria de la zona euro desde el 8,2% hasta un porcentaje sin determinar, inferior al 5%. Estos movimientos se produjeron a principios del mes de agosto, pero no se han dado a conocer a la opinión pública hasta hace apenas unos días.
PGGM ha mantenido su posición como accionista de Metrovacesa desde que formaba parte del holding de empresas participadas del Banco Bilbao Vizcaya. Sin embargo, la situación actual por la que atraviesa la compañía, con dos ofertas parciales en firme sobre la mesa, ha motivado un considerable repunte en el precio de la acción que ha hecho que el fondo haya ido deshaciendose de una parte significativa de su participación en las últimas semanas. En un comunicado remitido a la CNMV, el fondo asegura que el porcentaje actual está por debajo del 5%, mientras que fuentes del mercado aseguran que las ventas afectan a la práctica totalidad de la participación.
Ahorro Corporación podría haber actuado como intermediario en la operación, según las mismas fuentes. Los motivos que justifican este movimiento no son otros que la política de rotación de activos que llevan a cabo este tipo de inversores. Santiago Fernández Valbuena, director financiero de Telefónica, era hasta ahora el representante de PGGM en el Consejo de Administración de Metrovacesa.

Cuenta atrás.- La fecha límite establecida por el organismo regulador en su última comunicación es el 20 de septiembre. Algo que recordó recientemente Victoria Soler, hija del aliado de Joaquín Rivero en su lucha por el control de la compañía. "Los accionistas minoritarios que hayan dado ya orden de acudir a la OPA planteada por Cresa tienen hasta esa fecha para revocarla y acudir a la nuestra si así lo desean". Rivero y Soler mantuvieron su oferta original en la puja abierta entre las dos sociedades, a sobre cerrado, cuyo contenido se desveló al terminar el verano. Sin embargo, Cresa optó por ampliarla hasta el 26% y mejorar el precio hasta los 90 euros por título. La propuesta incluía una claúsula en la que se establecía la donación de un porcentaje mínimo de las acciones para no superar el umbral del 50%, y eludir así una OPA a la totalidad.

Convivencia forzada.- El veredicto de la CNMV en el que se dieron a conocer los detalles de las dos ofertas, se comunicaba el rechazo a la sugerencia de Cresa. Los responsables de la compañía catalana anunciaron en un primer momento que presentarían un recurso ante ese dictámen, lo que podría retrasar el calendario establecido, e incluso paralizar las ofertas en curso, si los tribunales dan por validos sus argumentos. Sin embargo, poco después desmintieron este extremo y anunciaron que podrían retirar la denuncia que ya presentaron a principios de agosto ante la Audiencia Nacional, para impugnar la autorización de la OPA de sus rivales.
El actual presidente de Metrovacesa valoró la decisión final del regulador a principios de semana, y se mostró confiado sobre el futuro posterior al conflicto. A pesar de todo, reconoció que es muy posible que se produzcan problemas que podrían afectar al crecimiento de la compañía. En su opinión, si la familia Sanahuja no se retira del Consejo “la gestión no tiene por qué verse afectada, ya que las decisiones se adoptarán por mayoría”. El principal punto de diferencia estará, según el empresario, cuando haya que tomar decisiones que resulten dilutivas para el control del paquete en manos de Cresa". Este tipo de situaciones podrían surgir al valorar futuras oportunidades de crecimiento por la vía de compras de nuevas compañías.
Desde Cresa se ha asegurado que "nunca el interés de los Sanahuja ha ido en contra del crecimiento de Metrovacesa", por lo que según fuentes de la propia compañía, "apoyarán siempre las operaciones que incrementen el valor de la inmobiliaria". Portavoces de la empresa han afirmado además, que los accionistas mayoritarios tendrán la posibilidad de vender más títulos con ellos, porque el prorrateo en la oferta de Rivero hará que sus posibilidades de colocar sus títulos se restringan a una de cada tres.

Falta de liquidez.- Todo parece indicar que las dos OPAs saldrán adelante con relativo éxito, lo que dejará a la compañía, cuya valoración de activos (GAV por sus siglas en inglés) más reciente era de 13,1 millones de euros a cierre de 2004, con una escasa liquidez. Esto reduciría notablemente el peso de los accionistas minoritarios y podría motivar la salida de la compañía del selectivo Ibex 35.
Rivero apuntó que para evitar esta situación, se someterá a aprobación del Consejo un plan de medidas que permita recuperar la liquidez de la acción, en el que se contempla una ampliación de capital o una emisión de bonos convertibles en acciones. Si bien, la posibilidad de que estas medidas sean aprobadas quedan en entredicho, teniendo en cuenta que supondrían una reducción en el porcentaje de control de la familia Sanahuja en el accionariado de la compañía. Desde Cresa, se ha confirmado que se tratará de buscar el consenso en el Consejo en favor del crecimiento.