PAIS VASCO.- 15/11/2006 El CES propone disminuir la desgravación por la compra de vivienda

El informe del Consejo Económico y Social (CES) sobre el Plan Director de Vivienda 2006-2009 del Gobierno vasco plantea al Ejecutivo la necesidad de impulsar la vivienda de alquiler y reducir las desgravaciones fiscales a la adquisición. A pesar de que el Plan de Vivienda ya ha sido aprobado, el CES estima conveniente que las opiniones recogidas en el informe, solicitado por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, se tengan en cuenta en su aplicación.
El informe constata que el acceso a una vivienda “digna” es uno de los principales problemas para jóvenes y “personas con menos recursos”, así como el “fuerte” endeudamiento global de las economías domésticas.
Indica, además, que la elección de la propiedad como fórmula de acceso se ha convertido en mayoritaria como resultado de “la acumulación de unas políticas públicas concentradas en deducciones fiscales a la compra de vivienda y escasas actuaciones y ayudas dirigidas a la vivienda en alquiler”.
Ante esta demanda, estima necesaria una política activa de vivienda que cubra de manera prioritaria la necesidad de las personas con mayores dificultades de acceso, para lo que se requiere incrementar los recursos públicos. En este sentido, señala que las administraciones no pueden invertir sus presupuestos en aminorar el costo de la vivienda de la ciudadanía con recursos suficientes, “provocando una especie de rebaja de la progresividad fiscal mediante el retorno a través de la asignación pública de suelos”.
En la misma medida, opina que es necesario modificar la fiscalidad, una competencia que corresponde a las diputaciones, para disminuir el gasto fiscal en vivienda y transferir esos recursos a un mayor presupuesto en política activa de vivienda.
A juicio del CES, el Plan de Vivienda centra su atención en la promoción de vivienda protegida, “olvidándose de las demás tipologías”, lo que “no contribuirá a dar respuesta al amplio colectivo de demandantes”.
El CES indica que, a pesar de que el Departamento de Vivienda asegura que entre sus objetivos se encuentra dar al alquiler una presencia “preferente” en la promoción de vivienda protegida, “a la vista de los objetivos establecidos por el plan, no cabe más remedio que calificar esta declaración como meramente propagandística: planea destinar a alquiler el 31,5% de la promoción de viviendas protegidas de alquiler, mientras que más del doble (el 68,5%) irían destinadas a la venta”.
Asimismo, el informe apunta que las viviendas protegidas adjudicadas en propiedad, con el paso del tiempo, “pueden dejar de cumplir la función social” para la que estaban destinadas ya que las personas que cumplen los requisitos de acceso en el momento de la adjudicación pueden posteriormente “ver mejorada su situación económica o patrimonial. En su opinión, este colectivo debería dejar de formar parte del “segmento protegido” para que otras personas con mayores dificultades puedan beneficiarse del parque público de vivienda protegida.
En referencia a las iniciativas llevadas a cabo para potenciar el alquiler de viviendas desocupadas, cuestiona si la “proliferación” de entidades gestoras de servicios de vivienda de la Consejería “no dificulta su conexión” con la ciudadanía y apunta si “no sería mejor una sola sociedad que gestione todas las modalidades “fácilmente identificable y de fácil acceso al público”.