Las concesionarias asumen deudas millonarias para generar rentabilidad

La financiación privada de infraestructuras comenzó a desarrollarse en Europa y Estados Unidos, a principios del siglo XX. No fue hasta la década de los 60, cuando se convirtió en una forma habitual de financiar infraestructuras, principalmente de transporte, que de otra manera los gobiernos europeos no podrían haber afrontado. Una oleada de licitaciones de concesiones dieron lugar a todo un sector, que ha tenido como siguiente gran hito la extensión de su área geográfica hasta los países en vías de desarrollo, en los años 90. Todo indica que en la actualidad estamos inmersos en otro gran momento, en el que las inversiones están volviendo a estas regiones del planeta, y varios de los Estados más desarrollados están vendiendo concesiones en funcionamiento.

El negocio de las concesiones se genera un volumen anual a nivel global, de entorno a 150.000 millones de dólares (127.285 millones de euros) entre los costes de construcción de infraestructuras y las propias concesiones, lo que supera el 15% del PIB español. Lo más probable es que este porcentaje crezca en el futuro, dado que los ahorros financieros crecen aun ritmo del 8% anual y no encuentran acomodo suficiente en los mercados de acciones y deuda.

Por tanto, el principal escollo de las infraestructuras, la financiación, es superable siempre que haya capacidad para construir y gestionar durante el periodo de concesión, puesto que son negocios de bajo riesgo y con mayor retorno que la deuda pública, lo que las hace muy atractivas para los inversores. Todas los ofertas que se presentan cuentan con uno o varios socios financieros.

Los riesgos del sector son de tres tipos principalmente. Los denominados del negocio, es decir, que la demanda de uso de la infraestructura no sea la esperada, y por lo tanto no se obtenga la rentabilidad esperada. El segundo es el tipo de interés. Dado el importante endeudamiento que arrastran las concesiones, una subida radical de tipos podría hacer desaparecer las posibilidades de negocio. Y por último tenemos el riesgo tarifario, en la actualidad sin duda el más importante. Las tarifas que se cobran por el uso de una infraestructura dependen de una tarifa oficial aprobada por el Gobierno.

En España la antigua Acesa vivió un momento crítico relativo al riesgo tarifario en 1998, cuando el Gobierno, a cambio de extender las concesiones de la compañía, redujo las tarifas. La extensión de la concesión no permitió paliar la pérdida de ingresos por tarifas, y la bolsa valoró el cambio en el contrato de concesión en un tercio de su valor. La Diputación de Barcelona decidió que los accionistas ya habían obtenido una retribución suficiente por su inversión, y pretendió conservar el plazo de concesión y las condiciones iniciales, a pesar de congelar las tarifas. De haber prosperado la tesis de la Administración, la compañía habría dejado prácticamente de existir.

Hemos tenido acceso a un estudio de 34 concesiones de infraestructuras en nueve países Iberoamericanos, de las 1.200 concesiones que existían a principios de 2003 en la región. La conclusión es clara, con la excepción de alguna concesión que ha resultado un fracaso total, el resto obtiene rendimientos positivos, aunque no acordes con el riesgo asumido. La rentabilidad media sobre capital invertido es del 13%, que pese a ser corta para el riesgo en el que se incurre, es notablemente superior al rendimiento de la inversión sin riesgo. Las infraestructuras más rentables son las de telecomunicaciones y las de transporte, y las menos rentables, con diferencia, son las de aguas. Hemos de resaltar que este estudio está hecho tras la quiebra del estado Argentino y tras una notable crisis económica en la región.

Estamos ante un sector importante que tiene ante sí un futuro prometedor, y pese a tener menor riesgo que otras inversiones algunos hay, y deben ser gestionados con la suficiente eficacia para evitar que la concesión quiebre, algo bastante improbable, por lo demás. Además es un sector con destacada presencia de empresas españolas, como no podía ser de otra forma, puesto que implica a dos de los mejores sectores del país: el constructor y el financiero.