Invirtiendo en futuro

El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el cambio de papel de la familia respecto a los mayores está produciendo un nuevo modelo social, en el que la población española vive hoy una nueva realidad, un nuevo modelo en el que aparecen nuevas necesidades de atención, de ocio y socio-sanitarias. Estas necesidades, pueden todavía ser satisfechas por algunos en sus propios domicilios, pero la mayoría de los casos requieren un cuidado continuo, unas condiciones concretas y un carácter personalizado.

Con 87 años en las mujeres y 83 en los hombres, España lidera el índice de esperanza de vida de Europa, unas cifras que han transformado el perfil de la sociedad. Este nuevo desafío pasa por asegurar el presente y el futuro de los más de siete millones de mayores de nuestro país, su independencia económica y su autonomía, una situación para la que la sociedad todavía no está preparada pero a la que se empiezan a sumar nuevas alternativas desde el mercado privado. Siguiendo la estela de otros países europeos, España comienza a esbozar una “ley de dependencia” que no cubrirá todas las expectativas de nuestros mayores, por la elevada demanda ante necesidades asistenciales y residenciales.

La oferta actual del mercado resulta todavía escasa. Los centros públicos mantienen la filosofía de ofrecer una calidad que cubre tan sólo las necesidades básicas de los mayores, y los centros privados no resultan asequibles para que muchos mayores cubran con sus pensiones o activos financieros los costes de una plaza. El mercado se enfrenta a un desafío centrado en la financiación, la calidad residencial y, sobre todo, la calidad asistencial.

Una renta insuficiente.- La pensión media de los mayores en nuestro país, 475 euros al mes, resulta insuficiente para que puedan acceder por sí mismos a los centros residenciales de calidad, cuyo precio medio se aproxima a los 1.600 euros/mes. De este modo, el déficit que debería asumir un mayor que decida acudir a uno de estos centros ascendería a 1.125 euros al mes.

El mercado ha encontrado alternativas en la propiedad inmobiliaria, verdadero activo financiero por el que los mayores podrán cubrir sus necesidades. Los últimos datos del INE señalan que el 87% de los mayores españoles siguen viviendo en su propia casa, de los que un 81% cuenta ya con la vivienda libre de cargas. La gran mayoría afirma necesitar ayuda para hacer sus actividades diarias y, por desgracia, los familiares a veces no pueden facilitársela. Sin embargo, sólo un 3% de estos mayores cuentan con un plan de pensiones privado, por lo que la vivienda se convierte en el activo más importante que podría convertirse en una nueva fuente de ingresos, capaz de garantizar la atención especializada más apropiada.

Soluciones del siglo XXI.- Las soluciones financieras se empiezan a atisbar en el mercado de la tercera edad, y actualmente se están desarrollando nuevos productos que ofrecen un servicio de asesoramiento para ayudar a cofinanciar una plaza residencial, a través de la gestión de alquiler del patrimonio no arrendado o a través de un seguro de rentas vitalicias (una vez vendido parte de este patrimonio inmobiliario). Con estas nuevas soluciones se garantiza una renta mensual vitalicia, que facilita el pago de la estancia del asegurado “de por vida”, lo que demuestra que el mercado está dispuesto a garantizar la mejor calidad de vida de nuestros mayores.