El Gobierno aprueba el presupuesto del Plan Vivienda 2005-2008, con 6.822 millones

El plan supone, además, la movilización de unos préstamos totales por un importe superior a los 33.000 millones de euros.

El objetivo, según explicó la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, es poner a disposición de las familias españolas, a precios asequibles, 180.000 viviendas anuales, tanto en propiedad como en régimen de alquiler, cumpliendo así con el compromiso electoral del Ejecutivo.

En total, en los cuatro años de vigencia del plan se financiarán 720.000 viviendas, de las que 176.000 serán en alquiler, lo que significa multiplicar por ocho el número de arrendamientos que preveía el anterior Plan de Vivienda, según explicó la ministra María Antonia Trujillo.

Los jóvenes, que constituyen el 80% de los demandantes de vivienda, son el colectivo hacia el que se dirigen los mayores esfuerzos del programa aprobado ayer. Y serán precisamente los jóvenes los destinatarios de los polémicos minipisos. Aunque la ministra Trujillo e incluso el presidente del Gobierno desmintieran, hace unos meses, que el Plan de Vivienda fuera a incluir esta modalidad de pisos, tras la fuerte polémica desatada, el real decreto prevé viviendas en arrendamiento para jóvenes, que oscilarán entre 30 y 45 metros cuadrados útiles.

Otra de las novedades es la creación de un nuevo tipo de vivienda protegida, con precio concertado tanto para alquiler como para compra, destinado a familias de rentas medias que, no pudiendo acceder por sus ingresos a vivienda VPO, tampoco pueden hacerlo a vivienda de precio libre. El límite de ingresos para optar a ellas será de 42.750 euros, algo más de siete millones de las antiguas pesetas.

Una de las líneas básicas del Plan de Vivienda 2005-2008 es la creación de un parque estable de viviendas protegidas del que puedan beneficiarse distintas personas a lo largo del tiempo. Por eso se establece que, pasados diez años, la vivienda protegida se pueda vender a terceros en determinadas condiciones y siempre sin perjudicar a los propietarios que decidan ponerla a la venta. El Plan estipula que el precio máximo al que se podrá trasmitir la vivienda será el de adquisición, actualizado por la inflación, y multiplicado por un coeficiente que determinarán las Comunidades autónomas. Los vendedores no tendrán que devolver las ayudas como ocurría hasta ahora. El precio máximo no será el de mercado pero se acercará al mismo mucho más que actualmente, asegura el Ejecutivo.

Otro elemento novedoso de este plan respecto a la situación actual es la ampliación del periodo para pagar los créditos hipotecarios de las viviendas protegidas, que pasa de 20 a 25 años.