José Antonio Osuna /presidente de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos (AEDIP)
La nueva cultura del project manager
El sector de la dirección integrada de proyecto ha concluido un modelo de pliegos para la administración que se inscriben dentro de la estrategia orientada a expandir esta disciplina, sobre todo en las empresas públicas. Los project managers españoles están convencidos de que España está lista para que el sector público sea tan eficiente como lo es la administración inglesa o estadounidense. A favor de la implantación del project management se argumenta el éxito alcanzado en el sector privado, con un crecimiento superior al 30% a partir de 1999, y que durante 2004 ha gestionado un volumen de obra de más de 4.000 millones de euros.
La administración demanda proyectos para construir y exige que se construya lo proyectado buscando la máxima eficacia en todo el proceso. Por este motivo, es fundamental que disponga de un project management antes de comenzar los trabajos, para agilizar el proceso, incrementar la calidad de los proyectos y aceptar los cambios justificados que pueden surgir por la diferente valoración económica cuando la responsabilidad recae en distintas personas. Cuanto más compleja sea la operación, más necesario es un project manager.
Las asociaciones público-privadas pretenden conciliar la necesidad de inversiones infraestructurales con la disciplina presupuestaria, una de las esencias del project management, junto con la mitigación del riesgo. El capital de inversión castiga sin piedad la indisciplina y este rigor se incrementará a medida que la obra pública demande más capital privado.
En la nueva cultura que se avecina, la administración es el socio público que se concentra en definir los objetivos que han de alcanzarse en materia de interés público, la calidad de los servicios y la política de precios, al tiempo que garantiza el control del cumplimiento de dichos objetivos. Aquí el project manager colabora para cohesionar los intereses de todas las partes de la sociedad inversora, diseñar el mejor reparto de los riesgos, seleccionar las cláusulas contractuales más adaptadas o integrar la financiación comunitaria.
España, una de cal y otra de arena.- España es uno de los pocos países que tiene una legislación nueva y específica que facilita los contratos de colaboración público-privados, la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras. Pero el reconocimiento y la regulación de la dirección integrada de proyectos dio su primer paso en abril de 2004, cuando la administración pública dio a conocer el ‘Informe y conclusiones de la comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de la situación de la contratación pública. Los expertos españoles la definieron “como el conjunto de técnicas que concentran las actividades de planificación, organización, dirección y control que se desarrollan en una actuación inversora”. Destacaron que “el ascenso del uso de esta técnica es, en gran parte, debido a la creciente necesidad de optimizar los recursos disponibles, así como de conseguir los objetivos fijados”.
Los expertos están de acuerdo en afirmar que “los servicios de project management son especialmente aconsejables en las inversiones que llevan aparejadas proyectos complejos (con dificultades de control, gestión y coordinación entre diferentes contratistas, o con exigencias estrictas de cumplimiento de plazos en los que es fundamental evitar riesgos de desviaciones presupuestarias)”. El paso siguiente será trabajar de manera interdisciplinaria con la administración para consolidar un modelo que se ajuste a sus necesidades actuales.