La industria catalana denuncia trato de favor a las constructoras en la directiva contra la morosidad

Tras la reunión de su junta directiva, el presidente de la federación catalana, Joan Franquesa, se quejó por la actitud del Gobierno central, después de que éste cediera a las presiones de las grandes empresas constructoras.

Franquesa puso en duda la efectividad de la ley, al entender que ésta incorpora varias consideraciones que no defienden los intereses de la pequeña y mediana empresa y señaló que uno de los aspectos más negativos es el hecho de que la ley subrogue el plazo de 30 días y el pago de intereses a que se produzca un pacto entre las partes contratantes. "Ello obliga a los pequeños empresarios a aceptar las imposiciones de las grandes empresas si no quieren perder la adjudicación de aquel contrato", criticó.

En este sentido, Franquesa afirmó que "la protección judicial que propone la nueva ley se vuelve inútil en estos casos porque supone entrar en un largo proceso judicial que al final lo único que implica es pérdida de negocio para el pequeño empresario".

La federación ha presentado varias enmiendas al anteproyecto de ley y se ha reunido con diputados catalanes en Madrid, pero el Gobierno central no atendió sus reivindicaciones.

La morosidad supone para el sector entre un 2 y un 3% de sus costes de facturación y es la causa del 25% de quiebras de empresas en Europa, lo que significa la pérdida de 450.000 puestos de trabajo al año.