Las obras supondrán una inversión total de 266 millones de euros
SyV y FCC se adjudican una autopista de peaje en Costa Rica
lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
Las constructoras españolas siguen ganando peso en el sector de las concesiones de obras públicas a nivel internacional. Hace unos días, Sacyr Vallehermoso y FCC se han adjudicado un proyecto en Costa Rica que supondrá la ampliación, gestión y mantenimiento de una de las vías más importantes del país.
Angel Valverde
San José
El consorcio liderado por Sacyr Vallehermoso y FCC, en el que también participan la portuguesa Soares da Costa y la costarricense Corporación M&S, ha ganado el concurso para la construcción y explotación de una autopista de peaje en Costa Rica, concretamente en el corredor San José-San Ramón. Esta vía es la que registra un mayor tránsito en todo el país centroamericano y da acceso, además, al aeropuerto internacional de la capital y a la radial Santa Ana-Río Segundo. Entre las dos carreteras suman un total de 67,5 kilómetros y deberán estar completamente terminadas en la primavera de 2008.
La ejecución de este proyecto supondrá una inversión de 266 millones de dólares (unos 222 millones de euros) y consistirá en la ampliación de un primer tramo de la vía, en la salida de San José, que pasará a tener 4 carriles por sentido. En los siguientes 13 kilómetros, se pasará de 2 a 3 carriles, y en otros 21,9 kilómetros, donde actualmente sólo hay un carril, se ampliará a 2 por cada sentido. En la radial, la sección principal es de 2 carriles y se ampliará a 3 en un tramo de 1,7 kilómetros.
Las tarifas de peaje, que se cobrarán en colones, están referenciadas al dólar y se revisarán en función de la evolución de la paridad colón/dólar cada tres meses, de manera que las empresas adjudicatarias estén cubiertas de todos los riesgos de depreciación que pueda sufrir la moneda local costarricense. El consorcio adjudicatario comenzará a recibir los ingresos de los peajes que actualmente cobra el Estado desde el momento en que se haga efectiva la adjudicación y dispone, además, según contrato, de una garantía de ingresos mínimos por parte del Gobierno durante los 10 primeros años de la concesión.