La Ley del Suelo incrementa el número de inspecciones urbanísticas

Marisa Prado
A Coruña

De todas las incidencias urbanísticas que hasta ahora han encontrado los inspectores, las más graves son las que hacen referencia a las construcciones levantadas sin tener en cuenta la normativa que impera en cada zona. Por ello, la Consejería de Política Territorial ha decretado 153 obligaciones de demolición en los últimos cinco años.

Con esta medida, el Gobierno gallego pretende terminar con el denominado “feísmo urbanístico”, un término con el que se califica la proliferación de construcciones que no cuentan con las licencias oportunas y que no cumplen las mínimas normas urbanísticas afeando el paisaje, sobre todo, en el medio rural, el más afectado por este tipo de actuaciones.

El caso coruñés.- De las cuatro provincias, A Coruña es la que mayor número de demoliciones tiene en su haber, con un total de 78, mientras que Lugo es la que menos contabiliza, con seis. En segundo lugar se encuentra Pontevedra, con 47, y en tercer lugar Ourense, con 22 demoliciones.

Una vez que los responsables de la inspección levantan el acta especificando la infracción cometida se determina la sanción que debe imponerse. En caso de que el problema sea consecuencia de una falta de permiso u otro tipo de autorización, la persona que comete la infracción tiene la oportunidad de ajustar la obra levantada a la ley.

Si la respuesta por parte del infractor no es la adecuada, entonces se acomete la demolición de la actuación que no cumple con la normativa urbanística, aunque esta medida siempre se adopta como último recurso para reparar la infracción cometida.

Más de la mitad de las obras expedientadas son pequeñas construcciones, como galpones, chabolas, cierres de fincas o casetas. Sin embargo, una gran parte de estas actuaciones se refieren a viviendas unifamiliares que incurren en una ilegalidad lo suficientemente grave como para que la Administración regional decida su demolición.

Desde 1999, el 30% de los expedientes informativos, en total 2.451, que se han abierto tenían una de estas causas como protagonista de alguna irregularidad, mientras que el 14,6% hacía mención a las detectadas en naves industriales.

En la provincia de Pontevedra es donde se han registrado el mayor número de irregularidades, ya que se han contabilizado 1.019, lo que supone el 41,6% del total; a continuación se sitúa A Coruña, con 897, Lugo con 357, y Ourense, con 178.

Las sanciones.- A pesar de la gran cantidad de expedientes abiertos, todavía son pocas las sanciones que se han llevado a cabo como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley del Suelo, una norma que permitirá que los inspectores urbanísticos puedan imponer sanciones que lleguen al millón y medio de euros o, como mínimo, al 15% del valor de la obra que se haya ejecutado, y en aquellos casos en los que la infracción sea considerada muy grave.

Los pequeños infractores también verán incrementadas las multas. Si la falta es considerada leve, podrá llegar hasta con el 5% del valor de la obra, un porcentaje mayor del que se especifica actualmente en las normas, que señalan que la sanción será de entre 300 y 600 euros o, como mínimo, del 2% del valor de la obra.

Estas medidas adoptadas por la Administración gallega le han reportado desde el año 1999 y hasta 2004 un total de 1,75 millones de euros en concepto de sanciones urbanísticas. A esta cifra hay que sumarle casi 234.000 euros en multas.