Asprima presenta un sello ético para mejorar la imagen del sector y combatir el fraude

Por el contario, si considera ajustado a derecho dicho contrato, estampará un sello en cada una de sus páginas y se lo enviará a la empresa remitente, quedando otra copia en Asprima a efectos de que, en su caso, se pueda comprobar si el modelo utilizado por la empresa promotora con el sello de conformidad estampado es realmente el que fue visado por la asesoría jurídica.

Santamaría explicó, además, que la obtención del sello deberá realizarse para cada promoción inmobiliaria, de tal manera, que la conformidad otorgada en un modelo de contrato para una promoción determinada no faculta a la empresa a estampar el mismo sello en los contratos que realice en otra promoción diferente.

Asprima se compromete también a ejercer las acciones de cualquier índole en el caso de que una empresa asociada estampe el sello de un contrato de compraventa que contenga cláusulas diferentes a las del modelo de contrato visado por la asociación o que haga un uso inadecuado de dicho sello, pudiéndose llegar incluso a la expulsión de forma definitiva del promotor como miembro de Asprima.

Esta iniciativa, que se suma al código ético que deben firmar los promotores que forman parte de Asprima y a través del cual se comprometen a salvaguardar la legalidad, contribuirá, según Santamaría, a mejorar la confianza de los consumidores en esta asociación porque se le garantiza "confianza", garantía del precio pactado y de las cantidades pagas a cuenta, cumplimiento de la legalidad vigente y transparencia en las reglas de la libre competencia.

Además, Santamaría considera que de esta manera se beneficia al consumidor, se mejora la imagen del sector y se evitan prácticas fraudulentas como no permitir al comprador la elección del notario en las operaciones de compraventa o la imputación incorrecta de los gastos.

Por otro lado, Santamaría indicó que esta iniciativa se suma a los contactos que está manteniendo Asprima con responsables de la Comunidad de Madrid y con diversas asociaciones de cooperativas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para analizar las medidas que se pueden adoptar de cara a mejorar la transparencia en la transmisión de las viviendas de protección oficial.

En este sentido, apuntó que una de las propuestas que probablemente se traslade a la legislación madrileña, dada la buena acogida que ha tenido por parte de los responsables de la Comunidad de Madrid, es la posibilidad de que antes de constituirse una cooperativa o una promoción inmobiliaria de viviendas de protección oficial exista un documento legal que especifique que el coste total de la vivienda no podrá exceder de un determinado precio máximo.

De esta manera, el comprador conoce antes de que se inicie la promoción la cantidad máxima que puede pagar por su vivienda y no tendrá que hacer frente, como sucede ahora en numerosas ocasiones, a gastos extraordinarios una vez finalizada la vivienda que no estaban contemplados inicialmente.

"Se trata de que una vez conocidos todos los conceptos económicos no se vulnere el precio máximo de la vivienda protegida", subrayó Santamaría, que indicó que si finalmente prospera esta iniciativa, las cooperativas o promociones de VPO no podrán constituirse si no presentan previamente dicho documento.