El registro de solicitantes de VPO se pondrá en marcha antes del verano

partir de esa fecha, todos los aragoneses interesados en adquirir un piso protegido tendrán que inscribirse en este registro, que también se utilizará como un indicador de las necesidades de VPO en Aragón, y servirá para planificar las políticas autonómicas en esta materia.

Según costa en el reglamento, podrán apuntarse en este registro todos los ciudadanos empadronados en Aragón que cumplan los requisitos exigidos por la ley para acceder a una vivienda protegida. A diferencia de lo que ocurre actualmente, sólo podrá hacerse una inscripción por persona y unidad familiar. Y, como novedad, el orden en la inscripción no reportará prioridad alguna a la hora de las adjudicaciones.

En las solicitudes, que tendrán una vigencia de dos años, no podrá elegirse una promoción concreta de viviendas. Los aspirantes deberán indicar, eso sí, en qué tres comarcas, localidades o distritos de la capital aragonesa prefieren obtener la vivienda. Además, tendrán que aportar una amplia documentación sobre sus ingresos y su situación familiar, así como justificar su necesidad de un piso.

El registro único será gestionado por una empresa privada, que saldrá elegida en un concurso público convocado en su día por la Diputación. Esta forma de proceder no ha gustado a los funcionarios del Gobierno aragonés, que consideran que, con esta externalización del servicio, se podrían seguir dando adjudicaciones a dedo.

De acuerdo con la nueva normativa, el procedimiento para la asignación de viviendas se iniciará seis meses antes de la fecha prevista para la conclusión de las obras. En ese momento, el promotor deberá elaborar una ficha que determine el número de casas construidas y su ubicación, y que fije los cupos de viviendas reservados para minusválidos, jóvenes o familias monoparentales.

Cotejada esta ficha con el registro de solicitudes, se publicará una lista de admitidos entre los que se realizará un sorteo. Los adjudicatarios dispondrán de un mes, a contar desde la fecha de notificación, para aportar toda la documentación requerida para el contrato.

En caso de desacuerdo, el reglamento prevé la posibilidad de interponer quejas, a través de reclamaciones administrativas que sustituyen al vigente recurso de casación, y que serán estudiadas por una nueva comisión, integrada por funcionarios y expertos en materia de vivienda.