villa y corte/ Alberto Delgado
Multas, obras, permisos...
Los radares y, en consecuencia, las multas en la M-30 han tenido la virtud de reducir la velocidad media y, de paso, los accidentes. Claro que a costa de 8.000 automovilistas multados. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha dicho que el objetivo era reducir los accidentes, y no aumentar las multas. Pero él sabe que esto es imposible.
El problema de la M-30 no es sólo de sanciones, sino de mejora de una vía que ha demostrado ser una de las más peligrosas para la circulación de toda España. Hay una remodelación prevista, que es uno de los puntos fuertes del programa del alcalde Ruiz-Gallardón. Un proyecto de soterramiento, que requiere la aprobación del Gobierno regional. Parece que el Ayuntamiento lo pidió oficialmente antes de que tomara posesión el nuevo Ejecutivo, pero debe haberse perdido con los cambios, porque el vicepresidente, Ignacio González, dice que no le consta.
El Ayuntamiento tiene prisa, pero Esperanza Aguirre ha dicho que el proyecto debe tener ocho requisitos que garanticen que va a mejorar la calidad medioambiental: salvaguardar el patrimonio histórico, estudios hidrogeológicos para valorar el impacto medioambiental, estudio detallado de los movimientos de tierra, de las alteraciones de tráfico, de los movimientos de camiones, de la ubicación de las instalaciones auxiliares, de reforestación y de medidas de prevención y control de los gases contaminantes.
Aguirre insiste en que su Gobierno no va a burlar la ley, en ningún caso. Una vez más, Gallardón recordará que lo que en su época de presidente regional aplicó frente al Ayuntamiento de la capital lo va a sufrir ahora en sus carnes. Va a tener que tragar su propia medicina. Por muchas prisas que tenga en cumplir su programa, tendrá que atenerse al ritmo que marquen otros que tienen ahora capacidad decisoria. Y se dará cuenta de que, lo que no era fácil para Alvarez del Manzano, tampoco lo va a ser para él.