La DGA impondrá multas de hasta 600.000 euros por exigir dinero negro en las VPO

Adiós al fraude.- El objetivo, según el consejero de Vivienda, Javier Velasco, es acabar con el fraude de sobreprecios y con las irregularidades existentes en este tipo de casas. Para conseguirlo, la nueva legislación propone un endurecimiento de las sanciones.

Como rasgo destacado de la normativa, las infracciones muy graves, entre las que se encuentra la exigencia de sobreprecios por los pisos o las reventas, pueden sancionarse con multas que oscilan entre los 30.000 y los 60.000 euros.

La Diputación General de Aragón (DGA) se reserva el derecho preferente a comprar las VPO, al precio que estipule la ley para ese tipo de casas, cuando sus propietarios quieran venderlas antes del vencimiento del plazo de 30 años. Sólo si el Gobierno regional renuncia a este derecho, el particular podrá venderla a un tercero, eso sí, con el valor de un piso protegido.

La duración del régimen legal de protección que establece el anteproyecto es de 30 años para las viviendas de promoción pública. No obstante, en las promociones de carácter privado se podrá solicitar la descalificación cuando haya transcurrido un plazo de 15 años, decisión que tomará la administración pertinente en última instancia. La finalidad de este punto es mantener al máximo el sello de vivienda protegida.

Una de las piezas clave de este texto legal es el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida, en el que tendrán que estar inscritos todos aquellos que deseen comprar un piso subvencionado, tanto de promociones públicas como privadas.

Este registro, al que podrán apuntarse parejas y personas a título individual, e incluso quienes ya posean una primera vivienda, será el indicador de las necesidades de VPO en la región, y servirá para planificar los proyectos en materia de vivienda protegida. Gracias a esta medida, se controlará más la adjudicación de las casas y se garantizará la igualdad de oportunidades para el acceso a una de ellas.

La nueva normativa también potenciará la construcción de pisos en régimen de alquiler, permitiendo la descatalogación de los edificios una vez se hayan amortizado los préstamos.

En cuanto a la reserva obligada de suelo para edificar VPO, se sustituye el concepto de aprovechamiento urbanístico por el de edificabilidad residencial, lo que implica una mayor autonomía municipal y una reducción en los porcentajes, que pasan a ser del 40% en las tres capitales de provincia, y del 20% en las ciudades de más de 5.000 habitantes.

El anteproyecto de ley, que entró en el debate parlamentario con 32 artículos y sale con 61, tendrá seis meses para su desarrollo.