El Ayuntamiento coruñés expropiará los terrenos de la fábrica de tabacos

Marisa Prado
A Coruña

El 31 de diciembre de 2002, la fábrica de tabacos de A Coruña cerró sus puertas después de más de cien años de actividad y de formar parte de la vida de muchos coruñeses. En el siglo XIX, la ciudad herculina donó los terrenos donde se ubica el complejo a Tabacalera para construir una de las industrias más prósperas, incluso los beneficios de la empresa se mantuvieron hasta el mismo momento de su cierre.
Doce meses después de que la actividad cesara, el Ayuntamiento de la ciudad ha decidido expropiar los terrenos para recuperar el solar y el edificio de la fábrica. Para llevar a cabo la medida, el Consistorio deberá modificar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).
La idea, expuesta por el alcalde, Francisco Vázquez, es que la expropiación del suelo a Altadis se efectúe por 15 millones de euros, y la nueva calificación de los terrenos supondrá que, en el plazo aproximado de tres años, en el solar se realice la edificación de seis bloques con 350 viviendas de protección oficial de cien metros cuadrados cada una, con garaje y trastero.
Dos inmuebles de ocho plantas irían adosados a los que ya existen en la esquina de la calle Ramón y Cajal con la avenida de General Sanjurjo; otros dos, de siete plantas, se construirían en la zona de Ramón y Cajal, y los otros dos, se levantarían en la zona de la calle Primavera.
Además de las viviendas, la promoción posibilitaría 13.000 metros cuadrados dedicados a jardines y espacios libres, 400 plazas de aparcamiento para uso público, y otras tantas para la utilización de forma privada. A este número de plazas, se podrían añadir algunas más, si los responsables municipales llevan a cabo el proyecto de peatonalización de la calle Concepción Arenal, donde se construiría un aparcamiento subterráneo.
La antigua fábrica se destinaría a instalar diferentes servicios de las concejalías de Hacienda, situada actualmente en la calle de La Franja, y de Urbanismo, ubicada en San Amaro.

No perder dinero.- El Ayuntamiento pretende que la operación no le cueste un solo euro a las arcas municipales. El alcalde ha señalado que “nuestra intención es que la operación no nos cueste ni un duro; será lo gastado por lo cobrado”.
La Concejalía de Urbanismo ha calculado que la adquisición de los terrenos, la urbanización del entorno, la construcción de viviendas y los costes financieros sumarían 45 millones de euros. Una cantidad que el Gobierno local quiere recuperar con la venta de las 350 viviendas.
El regidor coruñés ha explicado que, para conseguirlo, “el Ayuntamiento actuará como promotor” y adjudicará la promoción de los pisos y la urbanización del entorno “a la empresa que construya más barato”.
En cuanto a la legalidad para efectuar la operación, Vázquez ha recordado que la legislación urbanística permite la expropiación de los terrenos en aquellos lugares en los que finaliza la actividad para la que estaban destinados, “como es este caso concreto”.
Por esta razón, el regidor coruñés entiende que Altadis “no puede paralizar el proceso, salvo que el jurado de la expropiación no se ajuste a la Ley, o que la Xunta se opusiera, con lo que nos iríamos a los tribunales”. Una posibilidad que parece no existir, ya que el Ayuntamiento remitió al Gobierno gallego el proyecto de expropiación hace un par de meses y ha obtenido una respuesta favorable de la Consejería de Política Territorial.
Según se especifica en el documento que han recibido los responsables municipales, éstos deben realizar tres correcciones: detallar con exactitud el número de metros cuadrados de la parcela, justificar debidamente las razones de expropiación de acuerdo con la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Galicia, y completar la memoria económica, en la que se incluirá la valoración de unos terrenos que no aparecen consignados.
Una vez se lleven a cabo estas modificaciones, el asunto deberá ser aprobado en pleno para seguidamente exponerse al público durante el plazo de un mes.
El caso de la fábrica de tabacos no es el único que aparece recogido en el PGOM, en un catálogo en el que se inscriben también la fábrica de armas, la refinería, Inespal y Grafitos. La normativa urbanística es muy clara en lo que se refiere a la actividad que deben acoger los solares donde se ubican estas instalaciones: en Pedralonga, sólo armas; en A Palloza, sólo tabacos y, en Bens, sólo refinería. El plan general recogió esta disposición “para salvaguardar a los trabajadores, defender la continuidad de la actividad e impedir la especulación”, según ha explicado Vázquez.