Las modificaciones impondrán una mayor protección sobre el suelo local
La Comisión de Urbanismo revisará el PGOU de Piélagos para adaptarlo al POL
lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) de Cantabria ha decidido pedir la incoación del inicio del expediente para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos.
El objetivo es rehacer este plan, que data del año 1993, para adaptarlo al futuro Plan de Ordenación del Litoral (POL).
La tramitación durará aproximadamente tres meses y facilitará la puesta en marcha de proyectos relacionados con el desarrollo sostenible. Las principales zonas afectadas por esta revisión serán el monte Picota, El Cuco y la franja costera, donde los suelos están clasificados como urbanos y urbanizables. Según los responsables de la Comisión, esto es una prueba de la falta de protección que sufren gran parte de los terrenos de la comunidad autónoma.
Durante el tiempo que dure la revisión del plan, está previsto que se adopten una serie de medidas cautelares desde el Consejo de Gobierno, de manera que no se puedan otorgar licencias en los terrenos que quedarán afectados con las modificaciones. La Crotu ha acordado, además, presentar la propuesta de revisión de oficio del acuerdo de aprobación del Plan Parcial Monte Picota del sector 2 del PGOU de Piélagos al presidente de Cantabria, con la finalidad de que se pueda tramitar y solicitar este dictamen en el Consejo de Estado.
En cuanto a la repercusión de las modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana de Piélagos, hay diversos sectores sociales en la localidad que apoyan los cambios que se proponen desde el Gobierno.
La sociedad ecologista Arca, entre otras, ha manifestado su intención de presentar una denuncia penal ante los tribunales por la falta de protección de los terrenos recogida en el plan.
Este no sería el primer conflicto jurídico que surge como consecuencia del PGOU de la localidad. De hecho, el Ayuntamiento de Piélagos tiene actualmente cinco sentencias en contra. Ya en el año 2000, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria dictaminó el derribo de siete edificaciones en la urbanización de Calas de Norte. Un año después, el TSJ dictó la orden de demolición de otros 13 inmuebles, esta vez ubicados en la segunda fase de Cerrias. También en la primera fase de esta urbanizaci2|Ø8Ì243;n el fallo del Tribunal fue el derribo de 17 viviendas.