Aznar y Durão Barroso pedirán a Bruselas que financie el AVE

Con este compromiso, españoles y portugueses podrán hacer un frente común ante Bruselas para financiar una obra que requerirá un importante esfuerzo inversor. Hace unas semanas, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, comentó que el AVE Madrid-Lisboa podría caerse de la lista de proyectos "prioritarios", en detrimento de otras obras, como el enlace ferroviario entre España y Francia por Cataluña, y numerosas iniciativas en los nuevos socios de la UE, muy necesitados de infraestructuras.
Los Gobiernos de Madrid y Lisboa han dejado a un lado las desavenencias, puestas de manifiesto en la cumbre de Valencia de 2002, y han optado finalmente por el trazado que siempre ha defendido España. Hace unos años, Portugal, para contentar a las ciudades del centro y el norte del país, había planteado una conexión por Cáceres.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el primer ministro portugués, José Manuel Durão Barroso, anunciarán hoy, en la clausura de la cumbre, los plazos del AVE, que podría entrar en funcionamiento antes de finalizar esta década.

Ambos mandatarios podrían pronunciarse también sobre las conexiones ferroviarias entre Vigo y Oporto (considerada "prioritaria" por los portugueses) y entre Salamanca y la ciudad costera de Aveiro. Teniendo en cuenta el coste de estas obras, las dificultades orográficas y el previsible menor número de pasajeros, estas dos conexiones se harán para velocidad alta (inferior a los 250 kilómetros hora).
España y Portugal manejan la posibilidad de establecer otra línea en el futuro: Sevilla-Algarve. Aznar y Durão Barroso se pronunciarán sobre la consolidación del mercado ibérico de la electricidad (Mibel), un proyecto que continúa suscitando mucho escepticismo en el sector energético. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, y su homólogo portugués, Carlos Tavares, comentaron hace unas semanas en Lisboa que el Mibel sigue su curso, a pesar de las dificultades políticas y empresariales.
Los dos Gobiernos están convencidos de las bondades de esta iniciativa, que debería aumentar la competencia en la península Ibérica (un mercado de 50 millones de habitantes) y facilitar a las familias y a las empresas la elección de su compañía eléctrica.
Sin embargo, la realidad es muy diferente a la deseada por Rato y Tavares. El sector en Portugal está dominado casi monopolísticamente por EDP, empresa participada por el Estado en un 30% de su capital. Las compañías españolas (todas de propiedad privada) quieren hacerse un hueco en el país vecino, pero se han encontrado con numerosos obstáculos por parte de EDP y del Gobierno.