La UE pagará un tercio del coste del AVE Madrid-Lisboa

El plan, que tendrá un coste de 220.000 millones de euros hasta el año 2020, se enmarca dentro de la estrategia diseñada por el Ejecutivo comunitario para incentivar el crecimiento económico y deberá ser respaldado por los jefes de Gobierno en la cumbre que celebrarán los días 16 y 17 de octubre en Bruselas.
Y es que la Comisión ha llegado a la conclusión de que la única forma de hacer realidad la vieja promesa de convertir la UE en "la zona más dinámica del mundo" es incrementando la inversión en dos áreas: las infraestructuras y la investigación y el desarrollo (I+D).
En el primero de esos campos la Comisión propone llevar a cabo un total de 29 proyectos en 27 países (los 15 miembros, los 10 que entrarán en mayo de 2004 y Rumanía y Bulgaria) con el objetivo de unir definitivamente el continente por tierra, mar y aire.
Esa lista de proyectos prioritarios incluye las obras ya previstas en planes anteriores, y todavía no materializadas, así como algunas nuevas. Entre las propuestas novedosas se incluyen el AVE entre Madrid y Lisboa y la línea ferroviaria que unirá la ciudad portuguesa de Sines con Badajoz.
Entre los proyectos que se arrastran de planes anteriores se encuentran las conexiones de AVE con Francia (Perpiñán y Hendaya), diversas autopistas y líneas ferroviarias entre España y Portugal, el eje de mercancías entre Madrid y París y el desarrollo de la red ferroviaria en toda la Península.
Sin embargo, entre los proyectos de "interés europeo" no se ha incluido finalmente la conexión ferroviaria con Francia a través de Canfranc debido a que las autoridades de París no han mostrado interés por desarrollar la obra en su territorio.
Del resto de proyectos considerados como prioritarios destacan el puente sobre el estrecho de Messina, el desarrollo de las autopistas del mar, el sistema de comunicación por satélite Galileo, la línea de alta velocidad entre Bruselas y Estrasburgo y las conexiones ferroviarias Berlín-Verona y Tallin-Viena. La mayoría de estos proyectos ya fueron elegidos por un grupo de expertos el pasado 30 de junio como paso previo al plan presentado ayer. Según propone ahora la Comisión, todos los recursos disponibles deberán concentrarse en la realización de los 29 proyectos prioritarios antes de 2020.
En este sentido, el Ejecutivo decidió ayer modificar el reglamento que hasta ahora limitaba al 10% de su coste la financiación comunitaria de las redes transeuropeas.
De esta forma, los proyectos prioritarios podrán ser costeados con hasta el 30% de su coste con cargo a los presupuestos comunitarios. El dinero saldrá de los fondos que actualmente reserva la UE para la realización de obras públicas (600 millones de euros anuales) y de los fondos estructurales y de cohesión que Bruselas concede cada año a los diferentes estados miembros.
Aparte de la aportación de la UE, Bruselas propone que hasta el 20% del coste de los proyectos sea asumido por el sector privado. En este sentido, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) abrirá una línea de financiación especial de 50.000 millones de euros para arropar a las empresas que decidan colaborar en el plan de infraestructuras.
El otro 50% del coste de los proyectos deberá ser asumido por los países afectados con cargo a sus presupuestos nacionales. En este sentido, la Comisión instó ayer a los estados miembros a "concentrar sus inversiones" en las 29 obras prioritarias y a "reorientar el gasto público [...] para favorecer el crecimiento". Eso sí, "respetando los compromisos de ajuste presupuestario".

Precisamente, es ahí donde radica la gran incógnita del plan presentado ayer ¿Cómo podrán incrementar el gasto público países como Alemania o Francia si tienen un déficit superior al 3% del PIB?
Hay tres posibles respuestas para esa pregunta: 1) que no lleven a cabo las obras que les tocan, 2) que incrementen más el déficit olvidándose de los compromisos de ajuste presupuestario o 3) que acometan las obras pero que el gasto público en infraestructuras quede excluido del cálculo del déficit.
Esta última posibilidad (tener manos libres para gastar) es la que persiguen entre bambalinas desde hace meses Alemania, Francia e Italia para poder franquear los límites que impone el Pacto de Estabilidad sin ser amonestados por Bruselas.
La otra gran pata en la que se asienta el plan de crecimiento presentado ayer son las inversiones en I+D. A este respecto, la Comisión se limitó a instar a los estados miembros a que cumplan con lo prometido en la cumbre de Lisboa (marzo de 2000) y aumenten las inversiones hasta el 3% de su PIB.
Además, el BEI también colaborará con dos acciones especiales para fomentar la innovación: una línea de 40.000 millones de euros para I+D y un aumento de 500 millones de euros en la rúbrica que dedica a capital riesgo.
De momento, y mientras se aclaran las lagunas de financiación del plan, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, se aprestó ayer a hablar de las consecuencias que tendrá su aplicación. Así, el Ejecutivo estima que se crearán cada año 400.000 empleos nuevos en toda Europa y que el PIB del conjunto podría aumentar entre el 0,6% y el 1,1%.
Más concreta en cuanto a las consecuencias positivas del plan fue la comisaria de Transportes, Loyola de Palacio, cuyos servicios han calculado que la realización de las 29 obras prioritarias supondrá un ahorro de 8.000 millones de euros anuales, reducirá las emisiones de CO2 en 17 millones de toneladas cada año y descongestionará un 17% las carreteras europeas.
Asimismo, y en el marco del plan de crecimiento presentado ayer, el presidente Prodi aprovechó para anticipar que su Ejecutivo propondrá antes de que acabe el año un cambio en la normativa comunitaria para fomentar la fusiones entre empresas europeas.