‘Los Albertos’ esperan el indulto del Gobierno pese a la opinión del Supremo

Luis M. Lianes
Madrid

La posición del Tribunal Supremo, nítida y unánime –los cinco magistrados emitieron el mismo voto contrario– pone muy difícil a los Albertos librarse de la cárcel, a la que fueron condenados, en marzo, por tres años y cuatro meses por delitos de estafa de especial gravedad y falsedad documental en el caso Urbanor.
El Supremo, que ni siquiera contempla que sea justa y equitativa la concesión de un indulto parcial, corrige de esta contundente manera la absolución dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, que los juzgó culpables de unos delitos que, sin embargo, consideró prescritos.
Ahora, según el informe en contra del Alto Tribunal, “no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública” para conceder la medida de gracia, máxime cuando, a juicio del Supremo, la pena a la que fueron castigados es benévola, puesto que se les aplicó el Código Penal de 1973, por haber cometido los delitos en 1987, un código que rezuma cierta benevolencia con los delitos de ‘cuello blanco’.
El pronunciamiento del Supremo es tan claro que hace muy difícil al Gobierno de Aznar la concesión de la medida de gracia. De hecho, con la sola excepción del juez Gómez de Liaño, a la hora de conceder indultos, el Ejecutivo siempre se ha plegado a los informes del Tribunal Supremo, aún siendo éstos no vinculantes.
En las próximas semanas el Consejo de Ministros puede estudiar este espinoso asunto. La decisión del Gobierno –previo informe a favor o en contra del Ministerio de Justicia– será determinante para que los primos eludan su ingreso en prisión o, por el contrario, entren en la cárcel.
Es ciertamente improbable que los Albertos consigan posponer el cumplimiento de la pena de prisión hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie y ratifique o enmiende la condena del Supremo. De hecho, ha sido el Constitucional, al que los primos recurrieron en amparo, el que ha evitado a Cortina y Alcocer el lance amargo de atravesar la verja de la prisión, al suspender temporalmente la ejecución de la pena.
Un factor determinante de este dictamen ha sido la opinión en contra de los perjudicados por la estafa y falsedad de los Albertos: los pequeños accionistas de Urbanor se han opuesto a la concesión de la medida de gracia. Y lo han hecho porque, hasta ahora, sólo han recibido la mitad del dinero que la sentencia fijó en concepto de responsabilidad civil por las pérdidas que les supuso la estafa de la venta de los terrenos de Urbanor para construir las Torres KIO. Y el Tribunal Constitucional suspendió temporalmente las penas de cárcel, pero no las compensaciones económicas.
El pronunciamiento en contra del Supremo se produce apenas unos días después de que los Albertos comunicaran a la CNMV que habían comprado un 5% adicional de ACS, paquete que eleva al 19% su participación en el grupo que preside Florentino Pérez y que permite a los primos convertirse en los segundos accionistas, por delante incluso del propio presidente.
Los Albertos han centrado su esfuerzo inversor en esta compañía, que se convertirá en el primer grupo constructor cuando, en dos semanas, se oficialice su fusión con Dragados. Pero su horizonte penal no tiene por qué influir en su actividad inversora.
Una cosa fue la presidencia y la mayoría accionarial del Zaragozano, que se vieron obligados a abandonar y vender por imperativo del Banco de España. Pero esto fue así porque la normativa bancaria establece que los condenados a penas de cárcel no pueden sentarse en los consejos de administración de las entidades financieras, dada la especial sensibilidad del negocio.
Otra cosa fue que se vieran abocados a dejar sus sillones en los consejos de ACS y Dragados, pero nada les impide invertir su dinero donde mejor les plazca, incluso en contra de la opinión de los gestores de las compañías.
Habrá que ver la actitud que toma la clase empresarial, tan bien relacionada con los Albertos, si finalmente se ven condenados a entrar en prisión.