El promotor paga un 18% en impuestos

Aún así, como consecuencia de la subida de la base imponible de estos impuestos proporcionales crece también el dinero que ingresan las arcas de las administraciones mediante la fiscalidad.
Actualmente, el proceso productivo de una promoción está gravado con una cantidad significativa de impuestos, que implica que el 18% del coste de la vivienda para el promotor lo constituyen costes fiscales, lo que deriva en un aumento en el precio final, al que habrá que añadir los impuestos que se le aplican al comprador final.
Pero lo más llamativo es que a la hora de poner en marcha una promoción inmobiliaria se deben abonar un número excesivo de impuestos, de los que Manuel Martí, secretario general de la APCE, destaca, al igual que los responsables de la REAF, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, que se ha aumentado, en casi todas las autonomías, un 100%. Además de este tributo, se tendrán que abonar, mientras se desarrolla la promoción, el Impuesto sobre Transmisiones Onerosas, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, tasas por otorgamiento de licencia, vallas, vado, cédula de primera ocupación, certificado urbanístico, etc., Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Bienes Inmuebles, todo esto sin contar con el citado anteriormente sobre Actos Jurídicos, que se paga, aproximadamente, seis veces.
El encarecimiento de los pisos ha dado lugar a una situación en la que gran parte de la población no puede acceder a una vivienda en propiedad, por lo que se está tratando de dar un impulso al alquiler. Desde la fiscalidad, con la última reforma, se ha aliviado la tributación en el Impuesto sobre la Renta para el arrendador, pero por el momento no ha dado resultados visibles.
El problema fundamental es que el Real Decreto-Ley 2/2003, que por primera vez introduce un régimen especial para entidades que ofrezcan viviendas en alquiler, tiene un carácter restrictivo y excesivamente sectorial, por lo que, a menos que se flexibilice, como proponen desde el REAF, no tendrá demasiada influencia en el aumento de promociones destinadas al alquiler.