Los expertos advierten del desorbitado aumento del precio residencial en las islas

Carmen Arriola
Palma de Mallorca

El espectacular aumento de precios de la vivienda en Baleares ha llevado a la Unión de Consumidores y la Asociación de Expertos Inmobiliarios a advertir del peligro que esto supone para el mercado balear. La secretaria general de la Asociación de Expertos Inmobiliarios, Rosa Pinyol, admite que los propios intermediarios financieros son, en parte, responsables de los desmesurados precios que se están exigiendo hoy por la vivienda. “En lo que es una mala práctica y perjudicial -señala Pinyol- muchos prometen precios altos al vendedor para que éste confíe en él”.
Sólo en Palma, en el primer semestre de 2003, el precio de la vivienda nueva se incrementó un 27% respecto al mismo periodo del año anterior, fijándose el coste medio del metro cuadrado en 1.393 euros, según Sociedad de Tasación.
Pinyol señala que este aumento es “desorbitado” y supera incluso las previsiones de incrementos, en el ámbito estatal, de un 15% en obra nueva y de un 18% en segunda mano.
El presidente de la Unión de Consumidores de Baleares, José Reguera, destaca que el aumento de la construcción no ha traído consigo una solución al problema de la vivienda, “inaccesible para la mayoría de jóvenes menores de 35 años”. Para Reguera, la liberalización del suelo, “que se vendió como la fórmula que abarataría los precios, ha resultado todo lo contrario”.
A juicio de la Unión de Consumidores balear, la retención de suelo con fines especulativos es el principal motivo del encarecimiento de la vivienda, a lo que hay que sumar el elevado número de pisos vacíos. En este contexto, explica Reguera, “o la situación explota o hay que forzar que se vaya deshinchando la burbuja”.
En este sentido, Reguera acusa a las administraciones públicas, tanto estatal como autonómica, de hacer dejación del mandato constitucional que les obliga a controlar la utilización del suelo en aras del interés general. Por ello, la asociación que preside planteará al Gobierno la necesidad de crear un registro de intermediarios inmobiliarios, un reglamento punitivo que penalice las actuaciones irregulares, que se arbitre algún sistema de intervención pública en la puesta en el mercado del suelo que se retiene con fines especulativos y que se garantice una planificación del territorio.
La Asociación de Promotores de Baleares, por su parte, propone que el suelo de las llamadas áreas de transición de cada municipio, las zonas reservadas para el futuro crecimiento del núcleo urbano, se utilicen para la construcción de viviendas a precios asequibles y en condiciones similares a las VPO, teniendo como límite el techo de crecimiento del 10% que marcan las Directrices de Ordenación del Territorio.
La propuesta de los promotores parte de la creación de planes insulares de vivienda en cada isla, por entender que el estatal del sector es demasiado generalista y no contempla particularidades.