La Junta de Andalucía impulsa 47.000 actuaciones de VPO de nueva construcción

La titular de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha explicado en Comisión Parlamentaria que la comunidad cuenta con una larga trayectoria política de apoyo a los sectores más necesitados de la población con el fin de que puedan acceder a un inmueble digno y asequible, principio que inspira la Ley del Derecho a la Vivienda. En ese sentido, ha destacado que entre las diferentes líneas de trabajo puestas en marcha por la Junta de Andalucía en la materia se incluyen programas que garantizan que el esfuerzo económico del destinatario no exceda de un tercio de sus ingresos familiares en el caso de los inmuebles en venta o de una cuarta parte para el alquiler.

Durante su intervención, Cruz Villalón ha incidido en que en los 27 años de política de vivienda en la comunidad se ha realizado más de medio millón de actuaciones de VPO de nueva planta, de ellas 46.769 en el último trienio, con una tendencia clara hacia el régimen de propiedad, con 76,8%; frente al alquiler, con un 23,2%. De igual modo, ha subrayado que desde 2005 se han beneficiado 24.410 familias, con una media anual de 6.345 familias a lo largo de los tres últimos años. Esta cifra casi duplica las actuaciones impulsadas en materia de vivienda protegida de nueva construcción en alquiler.

En su discurso, la consejera Cruz Villalón ha matizado que el Plan Concertado prevé programas específicos, como las figuras de la vivienda de promoción pública para la integración social y los alojamientos, destinados a aquellas familias que se encuentran en especiales dificultades, bien por sus bajos ingresos o bien por sufrir riesgo de exclusión social. En este caso, ha añadido que la política que se aplica tiende a la integración de estos colectivos, al localizar las promociones de estas viviendas en alquiler en un entorno más plural que evite la marginación. De hecho, el Plan Concertado contempla que un 30% de la promoción se reserve a unidades familiares con niveles de renta de hasta una vez el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) o que, superando ese límite, se encuentren en una difícil situación social.

En materia de rehabilitación, la Junta de Andalucía ha desarrollado en los últimos 27 años 573.390 intervenciones de rehabilitación y mejora del parque residencial existente, de ellas 128.063 en el marco del Plan Concertado. En esta materia, la titular de Obras Públicas y Vivienda ha señalado que los planes autonómicos de vivienda siempre han incluido un amplio abanico de medidas como la transformación de núcleos de infravivienda, la rehabilitación de barrios y centros históricos o la adecuación de edificios y de viviendas. Mediante estos programas se suele corregir la seguridad estructural, arreglar las cubiertas o eliminar barreras arquitectónicas con el fin de garantizar la conservación del patrimonio residencial, mejorar las condiciones de habitabilidad de viviendas y barriadas, incrementar la eficiencia energética o mantener la población original en sus núcleos de residencia.

Por otro lado, Cruz Villalón también se ha referido a la labor de su departamento en el ámbito de la urbanización de suelo con destino a la construcción de inmuebles protegidos. Desde mediados de la década de los noventa se ha promovido el desarrollo de suelo para albergar más de 85.000 VPO. En el marco del Plan Concertado esta línea de trabajo ha posibilitado el impulso de 11.532 VPO.

La titular de Obras Públicas y Vivienda también ha explicado la actual configuración del parque residencial de carácter público perteneciente a la Junta de Andalucía. En ese sentido, ha explicado que la comunidad ha llegado a gestionar más de 210.000 inmuebles, aunque en la actualidad esa cifra se reduce a 78.000.

En su discurso, Cruz Villalón ha explicado que esa disminución se ha debido a las sucesivas campañas promovidas por la Consejería para lograr la trasmisión de la titularidad de las viviendas a los inquilinos, a través de diferentes fórmulas. Además, ha apuntado que la Junta continúa desarrollando esta política, teniendo en cuenta una serie de requisitos a cumplir por los adquirentes. Paralelamente a este proceso, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda también asume las labores de conservación y reparación del patrimonio residencial autonómico.