Entre las medidas transitorias del PEVR que se prorrogan destaca la posibilidad para las familias con una renta anual máxima de 7 veces IPREM de conseguir un crédito convenido para adquirir una vivienda concertada durante el próximo año; periodo en el que además las cuantías de las subvenciones a la promoción de vivienda protegida en alquiler y a áreas de urbanización prioritaria con préstamo convenido mantendrán el incremento del 20%.
También, hasta el 31 de diciembre de 2010 podrán considerarse como usadas, a efectos de su adquisición protegida, las viviendas libres ya terminadas sin que sea necesario esperar un año. Estas viviendas podrán ser adquiridas mediante una forma de acceso diferido a la propiedad en plazo máximo de cinco años, tiempo durante el que el vendedor podrá cobrar una renta del 5,5% del precio máximo de vivienda protegida.
Otra de las disposiciones permitirá que durante 2010 se califiquen como vivienda protegida para compra o alquiler aquellas viviendas libres con licencia anterior a 1 de septiembre de 2008 siempre que se sujeten a los precios correspondientes establecidos en el Plan.
Beatriz Corredor también ha recordado el resto de las medidas que ha adoptado el Gobierno para dirigir el excedente de viviendas libres que los promotores no consiguen vender al mercado protegido y al alquiler entre las que destacan:
- Convenios de la SPA con promotores para el arrendamiento de viviendas procedentes del stock. En este momento se están valorando más de 24.000 viviendas.
- Impulso del alquiler, con la Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, y la Ley por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
- Impulso del alquiler con opción de compra para vivienda protegida, y la mejora de su tributación.
- Impulso al alquiler en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, que destina el 40% de las actuaciones de vivienda protegida al alquiler.
- La línea “ICO-COBERTURA VPO”.
- Modificación de la deducción por adquisición de vivienda habitual a partir de enero de 2011 y equiparación fiscal del alquiler y compra de vivienda.
Beatriz Corredor también ha respondido una pregunta sobre el acoso inmobiliario y ha puesto hoy en valor su regulación penal específica que contempla la reforma del Código Penal porque “aumentará la protección de las víctimas del acoso, pero, al mismo tiempo avanza en otro de los objetivos del Gobierno: la lucha contra la especulación inmobiliaria”. En este sentido, Corredor ha resumido las medidas que está adoptando el Ministerio de Vivienda contra la especulación y la corrupción urbanística: “la desincentivamos con la Ley del Suelo, la dificultamos con el Sistema de Información Urbana, la perseguimos cuando se mezcla con la corrupción y ahora, además, la castigamos cuando hay acoso”.
La ministra de Vivienda, que considera “graves e inaceptables” los casos de acoso inmobiliario, ha dicho que con esta reforma penal “queremos evitar que la especulación vuelva nunca a forzar a nadie a salir de su hogar”. “Se trata de ataques y abusos a través de conductas éticamente rechazables y, ahora, penalmente condenables”.
Corredor ha explicado que la reforma propuesta en el Código Penal contempla pena de prisión entre 6 meses y 2 años en la regulación específica de este fenómeno, que se incluye como tipo especial punible dentro del grupo de delitos contra la integridad moral como aquél que de forma reiterada lleva a cabo actos hostiles o humillantes con el objeto de impedir el disfrute efectivo de una vivienda.
La titular de Vivienda ha recordado que ha existía una línea jurisprudencial en la que, a través de varias sentencias, se ponía de manifiesto la necesidad de una regulación penal del acoso inmobiliario. Se trata, por tanto, ha dicho, “de tipificar mejor las conductas abusivas y los ataques encaminados a obligar a cualquier ciudadano a abandonar su hogar con el objeto de alcanzar objetivos especuladores”. Un acoso, el inmobiliario, que es especialmente patente, dice Corredor, en las relaciones arrendaticias, “sobre todo cuando los inquilinos son personas especialmente vulnerables, como sucede con los mayores que son titulares de contratos de renta antigua. Son inquilinos que llevan toda su vida en la misma vivienda y que se enfrentan a la avaricia despiadada de algunos especuladores que no tienen escrúpulos en arrojar de sus hogares a personas muchas veces indefensas física, social, jurídica y económicamente”.
En cuanto a la la Sociedad Pública de Alquiler, Corredor ha afirmado que “a fecha de hoy se encuentra en equilibrio patrimonial, es económica viable y socialmente necesaria”. También ha señalado que “la política social de vivienda, por definición, no es un negocio”. Pero, ha añadido, “en el Ministerio estamos para gestionar eficientemente los recursos de los ciudadanos”. En este sentido, la ministra ha enumerado los logros de gestión de la SPA que ha reducido al 9,6% el coste de su estructura (que era del 44% cuando se creó), que ha bajado la morosidad de los contratos al 0,3% y que ha encontrado inquilino a casi el 74% de las 15.744 viviendas que ha gestionado hasta la fecha.
En todo caso, señalaba la ministra, “la SPA no le cuesta a los ciudadanos ni un euro de los Presupuestos Generales del Estado, ya que las aportaciones las realiza su accionista mayoritario, Sepes”.
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