Eduardo Montero

La aplicación de criterios de sostenibilidad y desarrollo sostenible es, desde hace unos años, habitual a la hora de diseñar y construir edificios de oficinas, debido a las ventajas que proporciona a promotores, propietarios y usuarios. Además, con la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), la mayor parte de tales criterios han pasado a ser de obligado cumplimiento, tanto en el caso de la obra nueva como en la rehabilitación de inmuebles si estos cuentan con una superficie útil superior a los 1.000 metros cuadrados.

En general, según una reciente encuesta a los colectivos mencionados, la aplicación del CTE contribuye a la innovación empresarial, la competitividad y la reducción del consumo de combustible. En particular, los edificios de oficinas sostenibles incrementan su valor, facilitan a medio y largo plazo el alquiler a terceros y mejoran la imagen corporativa y el rendimiento del personal al ofrecer un mayor confort.

Otra prueba de sus ventajas es que, siempre de acuerdo con la misma encuesta, seis de cada diez profesionales del sector de oficinas aplicaba elementos o materiales en pro de la sostenibilidad previamente a la entrada en vigor del CTE, lo que demuestra que el mercado iba ya por delante de la propia administración, impulsora final del Código.

Aunque la nueva normativa pueda representar a priori un aumento de costes, cifrado entre el 5% y el 12% por los profesionales sondeados, el hecho de que los inmuebles sostenibles proporcionen una mayor rentabilidad y reduzcan los plazos de amortización puede llegar a compensar con creces dicha circunstancia. Además, la sostenibilidad se posiciona claramente como un factor de preferencia importante para elegir sede entre las empresas de primer nivel.

Ahora bien, a la hora de elevar el número de oficinas sostenibles, la actual situación del mercado invita más a estimular la rehabilitación de edificios que a promover la construcción de otros nuevos, poniendo así en valor del parque actual y aprovechando parte de los recursos ya existentes. En Alemania, por ejemplo, el sector de obra nueva ha tocado techo, por lo que promotores, inversores y administraciones han centrado decididamente sus esfuerzos en la rehabilitación.

En España tenemos ya numerosos ejemplos de promotores que han optado también por la rehabilitación de edificios, conservando su estructura original. Con ello reducen los costes al utilizar parte de lo ya construido y generan un menor volumen de escombros, lo que añade un elemento adicional al respeto al entorno. La rehabilitación supone un salto cualitativo y cuantitativo integral tanto para los usuarios como para los propietarios y los inversores, ya que las disposiciones del CTE son tan completas que el ahorro que puede suponer su aplicación en edificios ya existentes y en la utilización posterior de las oficinas bien puede calificarse como abismal.

Otra cuestión es que los empleados que trabajen posteriormente en las oficinas rehabilitadas estén capacitados para hacer el uso más eficiente posible de las nuevas instalaciones, incluyendo los equipos que posibilitan la sostenibilidad. Una labor de formación en este sentido, añadida a la que tantas empresas ya realizan para favorecer el reciclaje, es una solución que entrañaría un coste mínimo o inexistente.

La mayor parte de los beneficios de la rehabilitación de oficinas proceden del aislamiento de fachadas, cubiertas y canalizaciones de aire frío y caliente y del empleo de equipamientos eficientes de calefacción y aire acondicionado. Desde un punto de vista socieconómico, el fomento de la rehabilitación permitiría, sin duda, generar nuevas oportunidades de negocio y la creación de puestos de trabajo, factores ambos muy dignos de tener en cuenta en una coyuntura como la que vivimos.

Por todo lo expuesto, parece conveniente que, para incentivar la rehabilitación de oficinas y su conversión en sostenibles, la administración debe ofrecer ayudas similares a las que facilita a los promotores de obra nueva para que sus inmuebles alcancen la máxima calificación energética A o B. Dado que el porcentaje de edificios que se han quedado claramente obsoletos es elevado, la colaboración entre promotores y sector público se revela esencial.