Los constructores reclaman más obra pública y la desaparición de las moratorias

Carmen Arriola
Mallorca

El presidente de la Asociación de Constructores de Baleares, Pedro Ferrá, ha señalado las intenciones de dicha patronal de solicitar al nuevo Gobierno autonómico el levantamiento de las moratorias urbanísticas que impuso el Pacto de Progreso, así como más obras públicas. Ferrá va a esperar a que se produzcan los nombramientos de los nuevos consejeros para solicitar las correspondientes entrevistas con aquellos que tengan una vinculación con el sector para presentarles el documento en el que constan las principales preocupaciones de los constructores.
El hecho de reclamar el levantamiento urgente de las moratorias se explica porque las carteras de pedidos de las empresas comienzan a agotarse y "para poner en marcha un nuevo proyecto y obtener las licencias correspondientes son necesarios al menos siete u ocho meses". Del mismo modo, "la licitación de la obra pública es muy lenta, por lo que pediremos que la redacción de los proyectos se realice con la mayor celeridad posible".
La moratoria del Gobierno balear y su proyecto de reforma de las DOT fue aprobada por el Ejecutivo en 2001. La normativa contemplaba la fijación de un cupo máximo de licencias para viviendas en suelo rústico en función de las autorizaciones otorgadas durante el primer semestre del año.
Esta medida supuso la congelación de los niveles más bajos de concesión de autorizaciones e implicó que los municipios donde más licencias se concedieron durante el primer semestre fueron los que más pudieron crecer.
El Consell de Mallorca, por su parte, puso en marcha otra moratoria que afectaba únicamente a la mayor de las Baleares, suspendiendo, también en 2001, la concesión de licencias de obras en todo la isla con el fin de proteger el territorio y frenar el crecimiento urbanístico.
La decisión del Consell contemplaba una serie de excepciones que afectaron a la rehabilitación de pisos, la modernización hotelera a través del intercambio de plazas nuevas por obsoletas, los equipamientos públicos (colegios, polideportivos, centros sanitarios...), los inmuebles comerciales e industriales, las viviendas unifamiliares y, después de varias negociaciones, también a las viviendas de protección oficial.
Con ello, el Consell impedía la construcción de bloques de pisos, chalés adosados y pareados, y de apartamentos turísticos. También los hoteles de cinco estrellas, no sujetos al intercambio de plazas, se vieron afectados por la nueva moratoria.
Otro de los aspectos que preocupa a los constructores baleares es la caída en la demanda de viviendas turísticas, lo que hace que el stock de oferta sea importante y no se pongan en marcha nuevas promociones.
Los empresarios baleares de la construcción valoran positivamente los resultados electorales, y creen que éstos han demostrado que muchos ciudadanos no eran partidarios de medidas tan "drásticas" como las defendidas por el Pacto de Progreso.