VALENCIA.- 23/05/2008 Los expertos aconsejan no tocar el teatro romano de Sagunto

La comisión de expertos encargada de estudiar la ejecución de la sentencia dictada en abril de 2003, y ratificada a finales de 2007 por el Tribunal Supremo, que obliga a demoler las obras de rehabilitación del teatro romano de Sagunto, ha desaconsejado dicha demolición. La resolución del Supremo ponía fin a un largo proceso judicial que inició el abogado valenciano Juan Marco Molines en 1990, al solicitar la paralización de las obras por considerar que no se ajustaba a la Ley de Patrimonio.

La consejera de Cultura, Trinidad Miró, ha explicado que “la comisión ha tomado la decisión que considera más conveniente para la sociedad saguntina y para su patrimonio histórico. Consideramos que la ejecución de la sentencia en ningún caso devolvería al teatro al estado en que se encontraba antes de la intervención de Grassi y Portaceli, y lo dejaría en unas condiciones que lo inhabilitarían para su actual uso cultural y social, y además no hay que olvidar el principio constitucional de eficiencia en el gasto público”.

Las obras que se deben acometer para cumplir la sentencia consisten en el levantamiento de las placas de mármol que se superponen a la piedra original del graderío y la eliminación del muro de cierre de la escena. En el documento elaborado por la comisión interdisciplinar, se advierte de que la eliminación del muro “implicaría la pérdida de camerinos y de los espacios existentes para la necesaria circulación por la escena, por lo que perdería su funcionalidad como teatro y se producirían problemas de acústica al desaparecer el tornavoz”. Además, en el graderío dejaría al descubierto “un conjunto de rocas y elementos constructivos, resultado de más de cuarenta restauraciones realizadas a lo largo del siglo veinte, y nos obligaría a una nueva reconstrucción para volver a cubrirlo con otro material para facilitar su uso”.

La comisión interdisciplinar está formada por la consejera de Cultura de la Generalitat Valenciana, Trinidad Miró; el presidente del Consell Valencià de Cultura, Santiago Grisolía; la directora general de Patrimonio Cultural Valenciano, Paz Olmos; el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló; el presidente de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, Román de la Calle; Isabel Villalonga, secretaria autonómica de Política Institucional; Juan Castillo, decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Amadeo Ribelles, director del Centro Arqueológico de Sagunto, Emilia Hernández, directora del Museo Arqueológico de Sagunto; el técnico de Arquitectura de la Dirección General de Patrimonio Ricardo Sicluna y la jefa de área de la Dirección General de Patrimonio, Carmen Iborra.

Una trascendente función cultural
El Consell Valencià de Cultura, máxima institución consultiva en materia de cultura de la Comunidad, ya aprobó el pasado 11 de marzo un informe en el que advertía de que el teatro romano ha adquirido una trascendente función cultural estos últimos años que se vería enormemente reducida con la destrucción del marco actual. El informe, elaborado a petición de la consejera de Cultura, plantea que la ejecución de la sentencia podría producir un daño superior al que quiere reparar, además de llevar consigo una considerable reducción del derecho ciudadaño a la cultura y a disfrutar de los espacios culturales antiguos o nuevos.

A la salida del pleno extraordinario convocado para tratar el polémico asunto, el presidente del Consell Valencià de Cultura, el científico Santiago Grisolía, manifestó que “desde nuestra institución nos parece más conveniente que el dinero que se podría emplear en destruir lo que ya se ha hecho, sirviese para rehabilitar el Castillo de Sagunto, que está necesitado de una intervención urgente”.