El Gobierno vasco trabaja en una Ley del Suelo que permita construir más VPO

Garbiñe Esteban
Bilbao

El documento que elabora el Gobierno vasco para tener una Ley del Suelo tiene como objetivo principal frenar la especulación. Según palabras del consejero Javier Madrazo, la propuesta para esta ley es "intervensionista y dura". Argumenta Madrazo que la sociedad está muy sensibilizada por las grandes dificultades existentes para adquirir una vivienda, y es ella la que está pidiendo actuaciones "decididas".

Horizonte 2010.- El anteproyecto mira en todo momento al horizonte de las necesidades en materia de vivienda que actualmente se cifran en 100.000 nuevos pisos de aquí al año 2010. Esta es la cantidad que se estima necesitaría la comunidad autónoma para hacer frente a su demanda, teniendo en cuenta las últimas oleadas de pequeños "booms" de natalidad y los nuevos modelos de unidad familiar.
La pretensión del Ejecutivo es que de esas 100.000 viviendas, al menos 60.000 sean protegidas, y una pequeña parte más de precio tasado. Los argumentos se basan en los datos que dicen que el 85% de los casi 84.000 vascos inscritos en las listas de Etxebide no puede llegar a los 150.000 euros para adquirir su primera vivienda, y tan sólo el 2% podría llegar a los 180.000 euros. Teniendo en cuenta que en el mercado libre tan sólo el 16% de las viviendas nuevas y el 20% de las usadas tienen un precio inferior a los 150.000 euros, queda claro que el mercado libre es inaccesible para la gran mayoría de los ciudadanos.
Se da la paradoja de que los promotores atribuyen los precios tan elevados de la vivienda libre a la reserva obligatoria de suelo para VPO. En el País Vasco, actualmente esta reserva supone el 65% en suelo urbanizable, lo que deja poco espacio al mercado libre. La Consejería de Vivienda argumenta en contra que en comunidades como Madrid, Cataluña o Navarra, con un cupo inferior de reserva de suelo para VPO, el valor de los solares ha aumentado entre un 21% y un 35%.
Por todo esto, el Gobierno vasco quiere ampliar las reservas obligatorias. Hasta ahora se aplicaban de manera obligatoria en municipios de más de 7.000 habitantes y en el futuro también deberá hacerse en los de más de 2.000, e incluso se quiere que en los municipios de más de 1.000 exista esa obligación, siempre que estén en una comarca en la que haya al menos una localidad de 5.000 habitantes.
También se introducen cambios en los porcentajes de suelo destinado a pisos de protección. En el suelo urbano consolidado se propone mantener el 20% para VPO. En el suelo urbano no consolidado, se pasaría del 20% al 35% para VPO y se añadiría un 10% más para precio tasado. En el suelo urbanizable, se mantiene el 65% para VPO y se agrega el 10% para pisos tasados. La idea es que en la práctica, el 90% de las operaciones de reforma interior urbana se ejecuten con la cesión del 35% para VPO.

Asignatura pendiente.- La Ley vasca del Suelo es una de las asignaturas pendientes del Gobierno vasco, que lleva varios años trabajando en su redacción pero que no acaba de encontrar el modelo que unifique los criterios de todos los agentes y partidos. De hecho, es la única autonomía, exceptuando a Ceuta y Melilla, que aún no cuenta con este documento.
Una de las novedades de esta normativa es la desaparición de la junta de compensación. Se plantea como alternativa el agente urbanizador, que libera al municipio de la relación directa con los propietarios y agiliza la gestión del suelo para edificar sin tantos retrasos como se dan en la actualidad.