Un nuevo disparate

El pasado lunes se firmó el denominado Pacto Nacional por la Vivienda. Al recibir la primera información sobre este acuerdo pensé que sería la ministra de Vivienda, Carmen Chacón, la que tendría que firmarlo.
Sin embargo, estaba equivocado: en continuidad con la nomenclatura proveniente del Estatuto, se trata de un compromiso que se restringe solamente a Cataluña y son José Montilla, el resto de los partidos de la comunidad —a excepción del Partido Popular y Convergencia y Unió— y los agentes del sector inmobiliario catalanes los que han estampado sus firmas. Esta situación en sí ya podría ser un disparate, pero el título de este artículo se refiere a otro en el que me voy a quedar, sin entrar a valorar el resto. Y no es otro que el que obliga al alquiler forzoso de los pisos vacíos.
De un plumazo se han cargado el derecho a la propiedad y a su uso y disfrute como cada uno quiera. Se han vuelto a confundir las churras con las merinas y se pretende hacer salir al mercado del alquiler las viviendas como sea.
En vez de plantearse dar mayor seguridad a los propietarios para que puedan, si lo desean, alquilar el piso o los pisos que tengan en propiedad; van al intervencionismo más duro sin plantearse qué suponen esas viviendas vacías. En muchos casos son el resultado de los ahorros de las familias, que habían pensado que en el sector inmobiliario podían encontrar un buen refugio y que ahora se encuentran con que los dirigentes políticos van a decidir el uso que le van a dar y que van a fijar el precio a pagar por ese disfrute de la vivienda.
Pero, además de la posible violación del derecho a la propiedad reconocido en la Constitución Española, surgen preguntas y dudas: ¿cómo se van a controlar las viviendas vacías?, ¿quién lo va a hacer?, ¿qué criterios se van a seguir? Lo dicho, un disparate más en vez de buscar medidas eficaces para fomentar el mercado del alquiler.