El Consistorio quiere consolidar los 100 millones de metros afectados por la sentencia del TSJM

Pablo SolaMadrid
Negocio Inmobiliario

El Ayuntamiento de Madrid no va a esperar a la resolución del recurso de casación presentado junto a la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del 27 de febrero, que anula 28 desarrollos urbanísticos por considerarlos suelos especialmente protegidos incluidos en el PGOU de 1997. Cien millones de metros cuadrados urbanizables están en juego.
El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, ha asegurado que pretende acelerar los trámites para consolidar la recalificación de esos terrenos. "Queremos que el pleno apruebe un acuerdo en virtud del cual se iniciará el procedimiento de subsanación jurídica par atender cualquier circunstancia que pueda producirse, incluso una sentencia negativa del Tribunal Supremo", ha afirmado el edil de Urbanismo.
Según la sentencia del TSJM, los suelos protegidos deben permanecer como tal y anula "aquellas determinaciones que suponen la desclasificación de terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección". El recurso, por su parte, se basa en que los criterios de valoración de los terrenos se han modificado tras la Ley del Suelo del Estado, aprobada en 1998, y la de la Comunidad, de 2002.
La sentencia no puede aplicarse en parte de los suelos objeto de recalificación por encontrarse ya en obras las viviendas y promociones, como es el caso de Montecarmelo, que estaba protegido en un 80% y ya está urbanizado. Sobre todo, afecta a los suelos de los Desarrollos del Este, la Operación Campamento, la Ciudad Aeroportuaria y Valdebebas (con el 85% de la superficie afectada) cerca de 130.000 viviendas que deberían quedar en suspenso hasta que se resuelva el recurso. Por ello, Del Río ha responsabilizado al PSOE de "perjudicar las expectativas de miles de cooperativistas que han hecho un esfuerzo importante para adquirir una vivienda".
Se trata, en definitiva, de aprovechar el tiempo que va a tardar el recurso ante el Supremo para tramitar expedientes y consolidar los derechos urbanísticos.
Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Matilde Fernández, ha replicado diciendo que el PSOE ha planteado que se cree una comisión para hacer compatible la sentencia con los derechos de las familias con expectativas de viviendas, pero que el PP lo ha rechazado. "Del Río, como abogado, sabe que lo que intenta hacer se encuadra en la prevaricación. Los derechos que quiere consolidar no son los de los cooperativistas, sino los de las empresas que acaparan el suelo", ha declarado Matilde Fernández.
La portavoz socialista ha advertido, además, que consolidar derechos en la actual situación es un error desde el punto de vista político, porque puede derivar en que el Ayuntamiento tenga que abonar indemnizaciones millonarias.