La nueva Ley del Suelo de Andalucía eleva la intervención pública en el mercado urbanístico

Así, consta en el texto de la nueva Ley de Ordenación Urbanística de dicha comunidad, que hoy publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que pretende también "garantizar suelo suficiente destinado a viviendas de protección oficial".
La intervención de la Administración en el mercado del suelo y la reserva preferente de terrenos públicos para vivienda social constituyen dos de las principales reivindicaciones del PSOE ante el Pacto de Estado sobre Suelo que el Gobierno pretende alcanzar con las distintas comunidades autónomas, para aumentar la oferta de terrenos en el mercado y atajar en última instancia la subida de precios de la vivienda.
Dichas premisas se incluirán además en la proposición de ley de Suelo que el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, prevé presentar en los próximos días para que sirva de base a los responsables de las seis regiones gobernadas por socialistas en la segunda reunión de la Conferencia Sectorial sobre vivienda y suelo convocada para el próximo día 22 por el Ministerio de Fomento.
Para alcanzar dichos objetivos, la nueva Ley del Suelo de Andalucía, además de mantener el derecho de superficie y los de tanteo y retracto, legisla sobre los patrimonios públicos de suelo, introduciendo la conveniencia de que tanto los municipios como la Junta constituyan instituciones para la gestión de estos terrenos.
El fin de dichas instituciones será "dotarse de los recursos necesarios para la actuación urbanística pública en su sentido más amplio, manteniendo la prioridad de destinar los terrenos a la construcción de viviendas protegidas".

Además, posibilitará que desde el Plan General de Ordenación Urbanística o desde el Plan de Ordenación del Territorio "se puedan establecer reservas de terrenos sobre cualquier clase de suelo, incluidas todas las categorías de suelo no urbanizable". Para la junta, esta medida supondrá "la mejor garantía para que determinados suelos cumplan su función estratégica de protección o de vertebración territorial".
La nueva ley andaluza contrasta también con espíritu liberalizador de la Ley Estatal de Suelo -que declara urbanizable todo el suelo salvo el no urbanizable por razones medioambientales y ecológicas-, estableciendo hasta cuatro categorías por las que se prohíbe urbanizar un terreno.
Entre los objetivos que persigue también la nueva norma regional, destacan el fomento de la iniciativa privada y la participación ciudadana en el proceso urbanístico, la simplificación y agilización de los procesos de planificación, la delimitación de los deberes y derechos de los propietarios de suelo y la apuesta por la rehabilitación del centro histórico de las ciudades, según reza la exposición de motivos del texto.