La nueva Ley de Vivienda reserva entre un 10% y un 20% del suelo a este fin
El Ejecutivo canario obliga a los promotores turísticos a construir VPO
lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
En el dictamen del proyecto de Ley de Vivienda de Canarias que han aprobado los grupos parlamentarios (CC, PP y PSC), se establece la obligación para los promotores turísticos de colaborar en la construcción de viviendas protegidas que puedan satisfacer las demandas y necesidades de la población. El proyecto espera su ratificación definitiva que tendrá lugar en el próximo pleno de la Cámara.
La nueva normativa incluirá medidas más estrictas en relación a las obligaciones de los ayuntamientos y los promotores. Esta decisión pretende controlar el problema, cada vez más acusado en las islas, de la falta de suelo.
La modificación incluída en el proyecto de Ley se centra en el traslado de esas viviendas de protección oficial a suelos que no sean de uso turístico, permitiendo la edificación en municipios limítrofes.
Se mantiene la obligación de reservar el 10% del suelo en todos los municipios, y de un 20% añadido en los ayuntamientos de localización preferente para la edificación de este tipo de viviendas. Los planes insulares o los de vivienda serán los que recojan qué localidades tendrán la denominación de localización preferente, según los baremos de concentración de población y de demanda real de vivienda. Miguel Angel Pulido, director general de Vivienda del Gobierno canario, ha destacado que estos municipios serán los nucleos capitalinos de las islas, donde la demanda de vivienda es mayor.
La nueva ley trata de garantizar una reserva de suelo suficiente como para mantener unos precios razonables para los promotores y para los compradores de las viviendas protegidas.
Otro punto nuevo del proyecto señala la creación del Instituto de Vivienda como nuevo órgano que concentra las competencias regionales en esta materia. El objetivo de aunar y coordinar las acciones de Gobierno, cabildos y ayuntamientos, facilitando una respuesta más rápida a los ciudadanos.
En el nuevo plan se prevé la construcción de 4.000 viviendas en régimen de alquiler y 22.000 intervenciones protegidas, siempre y cuando se edifique en los municipios que tienen garantizado el suelo.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno canario, Antonio Castro, insiste en el problema de la falta de suelo y señala que sólo quince ayuntamientos se han implicado en la política de vivienda, a pesar de los recursos financieros que el Gobierno facilita para la construcción.
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