PAIS VASCO.- 27/11/2006 El Gobierno vasco expropiará pisos para evitar el fraude en VPO

El Departamento Vasco de Vivienda y Asuntos Sociales ha inspeccionado desde febrero de 2005 un total de 17.182 pisos de protección oficial, imponiendo 138 sanciones, por una cuantía total que asciende a 302.294 euros, e iniciando ocho expropiaciones tras detectarse irregularidades en el uso de la VPO.
El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, dio a conocer los resultados del servicio de inspección y seguimiento del buen uso de la vivienda protegida. Según explicó, este servicio “actúa de oficio y de forma permanente para garantizar que ninguna VPO permanece vacía, que son utilizadas por las personas autorizadas y que no se alquilan ni venden irregularmente”.
Madrazo indicó que desde que comenzó a funcionar este servicio, en febrero de 2005, hasta finales de este año, está prevista la inspección de 20.000 viviendas y para finales de 2009 el Departamento que dirige Madrazo espera haber inspeccionado el total de pisos protegidos en Euskadi que ronda las 50.000 viviendas. En este periodo se han abierto 1.972 diligencias previas consistentes en “consultas al registro de la VPO, al Registro de la Propiedad, al catastro y en informaciones sobre consumos” para comprobar si estos pisos son susceptibles de ser sancionados o no. En concreto, se han impuesto 138 sanciones efectivas, con una media de 2.188 euros por sanción. El resto de los expedientes en los cuales se abrieron diligencias previas sigue su curso y unos acabarán en sanción y otros serán archivados. Según indicó, el nivel de indicios de irregularidad en el uso de las viviendas protegidas “se sitúa en el entorno del 9%". No obstante, precisó que no todos estos indicios acaban en sanción y que “la mayor parte de las VPO se utilizan bien”.
Por otro lado, Madrazo indicó que la nueva Ley del Suelo, que entró en vigor en septiembre, contempla la expropiación de viviendas protegidas si permanecen vacías por más de un año de forma ininterrumpida o son utilizadas por personas no autorizadas. En ese sentido, señaló que el Departamento de Vivienda ha puesto en marcha la vía de expropiación en ocho casos (cinco en Alava, una en Vizcaya y dos en Guipúzcoa), aunque en siete no ha sido necesario llegar hasta el final porque los propietarios las han vendido directamente al Gobierno.