Dos proyectos compiten en España para negociar derechos de C02

El pasado viernes el Consejo de Ministros adjudicó a Iberclear, el depositario central de valores, el Registro Nacional de derechos de emisión; una base electrónica donde debe constar la titularidad de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, así como todas las operaciones que se produzcan con ellos, como pueden ser la compra venta entre empresas.

Este paso era el primero para hacer realidad el comercio de derechos de emisión, uno de los instrumentos previstos en el Protocolo de Kioto para flexibilizar la limitación de emisiones.

Este registro y la asignación de los derechos a un número determinado de empresas son los principales aspectos que regula el Real Decreto que se aprobó en agosto. Lo que la legislación no especifica es cómo se produce el comercio de esos derechos.

De momento ya hay dos proyectos de plataformas para el comercio transparente de derechos, que competirán por atraer volumen de negocio de empresas de gran tamaño, pero también de pequeñas y medianas -en total 1.066-, clave para hacer viable el Protocolo de Kioto.

'En este mercado se define por ley el registro, pero la negociación se deja en manos de los partícipes', explica Javier Tordable, director general de SendeCO2. Ésta es una de las plataformas para la negociación de derechos de emisión de dióxido de carbono que espera estar funcionando para el 1 de enero de 2005. Se trata de un sistema de negociación electrónico a través de Internet para que las empresas puedan intercambiar sus derechos de emisión de manera igualitaria, segura y líquida.

Con el proyecto de Tordable compite la Bolsa de Barcelona, que anunció el mes pasado la promoción de otra plataforma de negociación, impulsada por la Generalitat de Catalunya. El proyecto, según reconocen en la Bolsa, se encuentra aún en un estadio muy embrionario.

Pero mientras se van dibujando las plataformas para la negociación, quedan aún aspectos relevantes por concretar sobre su funcionamiento y, lo que es más importante, sobre quién debería supervisarlas.

El reglamento prevé que los derechos podrán ser objeto de transmisión entre personas jurídicas y físicas. Es decir, que aunque inicialmente se trata de que las empresas que contaminan menos vendan sus derechos a las que contaminan más, nada impide, a priori, que un particular compre y venda derechos como inversión.

'Aún no está claro si es un valor que se transmite en un sistema organizado de negociación y, por tanto, bajo supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores', explica Tordable. En el Ministerio de Medio Ambiente reconocen que esta materia rebasa su competencia y entra en la de Economía. Desde la CNMV afirman que de momento no se ha avanzado en este aspecto. 'En cuanto comience el registro habrá que delimitar las reglas del juego para comerciar con los derechos', afirman en Medio Ambiente.